Los países de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara han alcanzado este jueves un acuerdo para condicionar, por primera vez, el desembolso de fondos europeos a que los países respeten los principios del Estado de derecho, lo que acerca un pacto definitivo para activar el plan de recuperación pospandemia.
"Fumata blanca. Gran avance en el diálogo tripartito sobre el mecanismo de condicionalidad y Estado de derecho", ha señalado en Twitter el portavoz de la presidencia alemana, Sebastian Fischer, quien también ha subrayado que "el acuerdo preliminar es un paso importante para la UE y el hito más importante en las negociaciones en curso sobre el paquete sobre el presupuesto europeo".
"Esto es un hito importante en nuestros esfuerzos para finalizar el próximo presupuesto plurianual de la UE y el paquete de recuperación", ha incidido también el embajador alemán ante las instituciones europeas, Michael Clauss.
Suspender o reducir fondos si se viola el Estado de derecho
El acuerdo final prevé que se puedan suspender o reducir fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho que afecten de un modo suficientemente directo a la buena gestión del presupuesto de la UE o los intereses financieros de la Unión.
Los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete acordaron en julio pasado un presupuesto plurianual 2021-2027 de 1,074 billones de euros y un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros para afrontar la pandemia, pero para que puedan funcionar es necesario pactar las legislaciones respectivas con la Eurocámara.
Acuerdo histórico en la UE para afrontar la crisis del coronavirus
El mecanismo para vincular el dinero a valores como la independencia judicial, el respeto a los derechos fundamentales o la igualdad legal, era uno de los puntos más espinosos de la negociación, en la que, tras este acuerdo, ya solo quedaría por pactar el montante final del presupuesto con el Parlamento Europeo.
El sistema es menos estricto que el propuesto inicialmente por el Ejecutivo comunitario y defendido en un principio por el PE, que pedía que la decisión quedase aprobada si no se oponían a ella explícitamente una mayoría cualificada de Estados. Esto hubiera hecho más difícil que el país afectado vetase la sanción.
Hungría y Polonia, reacios a este sistema
Hungría y Polonia, países con sendos expedientes abiertos a cuenta de sus problemas con el Estado de derecho, han sido siempre reacios a este sistema y el temor en Bruselas es que decidan "secuestrar" el Fondo de Recuperación si no están conformes con esta condicionalidad, bloqueando la ratificación del mismo en sus países.
Bruselas publica un informe del Estado de Derecho en la UE
Una vez se logre un acuerdo sobre el presupuesto plurianual, cuyas negociaciones se retomarán la próxima semana, quedaría aún ratificar en varios parlamentos nacionales la legislación que permitirá a la Comisión emitir deuda pública para financiar el Fondo de Recuperación, un trámite que no se ha iniciado porque varios países deseaban tener antes un acuerdo global.
Este proceso podría llevar varios meses en algunos casos, por lo que Bruselas espera comenzar las emisiones hacia verano de 2021 y que el dinero llegue a los países en el segundo semestre.