El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha autorizado este viernes el uso del certificado COVID digital para el acceso a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes con aforo de más de 50 comensales. Se exigirá a todas las personas mayores de 12 años hasta el próximo 22 de enero.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado luz verde a que el pase sanitario sea obligatorio también en los eventos culturales que se celebren en interiores con comida y bebida, y congreguen a más de 1.000 personas. En estos espacios será, además, obligatorio llevar siempre la mascarilla puesta, salvo en el momento de comer o beber.
El certificado COVID digital de la Unión Europea demuestra que el portador está vacunado contra el coronavirus con la pauta completa, ha pasado la infección en los últimos seis meses o ha dado negativo en una prueba diagnóstica reciente.
Una medida "idónea, necesaria y proporcionada"
El auto certifica que la medida solicitada por el Gobierno regional es "idónea, necesaria y proporcionada", por lo que ya ha entrado en vigor hasta el próximo 22 de enero, como se estableció en la norma publicada el pasado 16 de diciembre.
El TSJR ha considerado que las medidas incluidas en el pasaporte son "adecuadas con las exigencias derivadas de la protección de la salud", conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y "no suponen un sacrificio desmedido de los derechos fundamentales afectados". La decisión está también respaldada por la justificación y los informes por la consejería de salud riojana sobre la incidencia acumulada y la presión hospitalaria.
La Rioja registra una incidencia acumulada de 619 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, con un 15 % de las unidades de cuidados intensivos ocupadas por coronavirus (8 pacientes).
El incremento de los contagios de COVID-19 en la sexta ola está llevando a cada vez más comunidades autónomas a exigir el pasaporte COVID para entrar en locales de ocio nocturno y restauración o para acceder a determinados servicios. También Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco, Melilla y Ceuta han recibido el aval judicial para su implantación.