El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales presentados por la Generalitat a favor de una treintena de ex altos cargos y funcionarios del Govern para hacer frente al pago de 5,4 millones de euros que reclama por haber promocionado con dinero público el 'procés' en el extranjero a través de las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat, han confirmado a TVE fuentes del órgano fiscalizador.
Los avales ahora rechazados cubrían la responsabilidad contable de 28 personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ha decidido no admitir que sea la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) quien presente avales, al interpretar que la legislación catalana no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros".
La decisión llega sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval, después de que la Abogacía del Estado entendiera en septiembre que no procedía y rehusara informar al respecto al considerar que, al haber sido parte en las actuaciones previas, podía contaminar los principios de imparcialidad y objetividad.
Se trata de una medida cautelar para asegurar las cantidades reclamadas en este procedimiento, recuerda la resolución, contra la que cabe recurso en el plazo de cinco días.
Los acusados tendrán que hacer frente a las fianzas con medios propios
El Govern de Pere Aragonès pretendía garantizar con fondos públicos la fianza de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas impuso a los líderes independentistas.
Los avales se apoyaban en un Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo autonómico mediante un decreto ley, posteriormente avalado por el Parlamento catalán, para que se cubrieran esas fianzas, ahora rechazadas por el Tribunal de Cuentas.
El fondo recibió en su día el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña, requisito que era imprescindible para el voto a favor del PSC.
Para este órgano, este fondo se ajustaba al Estatut y a la Constitución en un informe vinculante en el que se defendía que la Generalitat "está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos" como es el fondo, si bien se recomendaban algunos cambios en el decreto ley para que "desaparezcan determinadas dudas de su redactado actual".
El propio órgano fiscalizador ya expresó sus dudas sobre la legalidad de estos avales y cuestionaba que "la propia Administración perjudicada pueda amparar posibles responsabilidades contables cometidas por dolo o culpa grave".
El fondo ha recibido criticas del PP, Cs y Vox, que consideraban que implicaba que todos los ciudadanos pagaran lo que deberían cubrir los responsables del procés de su "propio bolsillo".
Tras esta decisión, los acusados son los que deberán hacer frente a las fianzas con bienes inmuebles o fondos propios y de no hacerlo, el Tribunal de Cuentas podría ordenar embargos. De hecho, la instructora establece que "procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales".