El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dictaminado que el fondo creado por el Govern para avalar a los ex altos cargos encausados por promocionar el 'procés' en el exterior se ajusta al Estatut y la Constitución, pero recomienda modificar varios preceptos del decreto ley para "disipar" dudas.
El órgano consultivo de la Generalitat ha emitido este jueves el dictamen que pidieron PSC, PPC y Cs sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá "provisionalmente" el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.
El Tribunal de Cuentas impuso una fianza de 5,4 millones a 34 ex altos cargos
El documento que recoge el dictamen, al que ha tenido acceso RTVE.es, detalla que ha de quedar explicitado que el aval por parte del ICF siempre será "excepcional" y "muy limitado en el tiempo".
También se señala que la creación del fondo no puede considerarse "en ningún caso" como un "derroche de caudales públicos". Tampoco implica, según el dictamen, dar al dinero público "un uso ajeno a la función pública y aun menos darle una aplicación privada".
Tanto el Gobierno como la Abogacía del Estado estudiarán el dictamen del Consejo de Garantías a los efectos de preparar su informe jurídico, según han confirmado fuentes del Gobierno a RTVE.
El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las "dudas" legales que le suscitaba esta operación.
En una nota de prensa, el Tribunal detalló que tiene dudas sobre si estos avales "pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave" ya que los está asumiendo la "propia Administración Autonómica perjudicada" por el uso de dinero público para promocionar el 'procés'.
El 6 de julio, la Generalitat aprobó por decreto la creación de un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a estos exmiembros del Ejecutivo catalán a través del ICF en caso de que ningún banco los avalara, como finalmente ocurrió. Y aunque tras el 'no' de las entidades financieras privadas hubo un primer momento en el que se descartó usar el Instituto Catalán de Finanzas como plan B, finalmente la Generalitat rectificó tras algunos desencuentros entre miembros del Govern.