El Gobierno ha propuesto este martes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas subir el salario de los empleados públicos un 2% el próximo año, según fuentes de la reunión a TVE que tiene lugar entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos representativos del sector público.
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, se ha reunido este martes por las mañana con las organizaciones sindicales más representativas en las Administraciones Públicas UGT, CSIF, CIG y ELA, con la ausencia de CC.OO., que ha criticado que no se trata de una auténtica negociación sino del traslado de una decisión ya adoptada.
A la reunión también han asistido los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas, representantes de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Este incremento salarial del 2% coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE) y supera el 0,9% en el que subieron los sueldos de los funcionarios este año. No obstante, no colma las expectativas sindicales, que reclamaban al Gobierno una subida mayor ante el alza de los precios (el IPC está en un 4%) y el poder adquisitivo perdido por el colectivo desde 2010.
Séptimo año con subidas
El Ministerio de Hacienda traslada habitualmente a los sindicatos mayoritarios de la función pública el alza salarial prevista en los presupuestos de cada año antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.
A finales de septiembre el Congreso y el Senado aprobaron sus presupuestos con el visto bueno a subidas del 2% para los funcionarios de las Cortes Generales, cifra que suele coincidir con el resto de alzas en la administración pública. Aunque finalmente la Mesa del Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados.
Se trata del séptimo año consecutivo que suben los salarios públicos, después de otros seis años de congelación y recortes justificados en la anterior crisis.
En 2010 llegó el primer recorte, del 5%, y en 2012 fue el segundo con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, que posteriormente fue devuelta. La congelación se aplicó durante cinco años (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) y no fue hasta 2016 cuando volvieron a incrementar las retribuciones de los empleados públicos.
Según fuentes del Ejecutivo, los empleados públicos han ganado 3,7 puntos de poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
La tasa de reposición
Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda han informado de que incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 110%, que alcanzará el 120% en sectores prioritarios como la sanidad y la educación y en aquellas entidades locales que hubieran amortizado su deuda financiera a 31 de diciembre de 2021.
En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y policías autonómicas y locales, la tasa de reposición será del 125%. Estos porcentajes son superiores a los de 2021, cuando la tasa de reposición general se situó en el 100%, y en el 110% para los sectores prioritarios. Las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno del PP mantuvo en el 0% la tasa de reposición durante cuatro años seguidos, desde 2012.
El Gobierno aprobó el pasado mes de julio una oferta de empleo público de 23.491 nuevas plazas, la más elevada de la historia, que se suma a la planteada para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, totalizando 30.445 plazas.
Además, en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados el plan de choque acordado entre Gobierno y sindicatos para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas por debajo del 8%.
De acuerdo con el último boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, a 1 de enero de 2021 la plantilla de empleados públicos ascendía a 2.710.405 personas, de los que el 53,78% se concentra en las comunidades autónomas, el 21,39% está en la administración local, el 18,98% pertenece a la Administración Estatal y el 5,85% trabaja en las Universidades.
Malestar entre los sindicatos
Los sindicatos están molestos con el Gobierno por las "formas" en las que se ha convocado la Mesa General y se oponen a una subida salarial de sólo el 2%. CC.OO. ya anunció este lunes que no asistiría a la reunión al considerar esta convocatoria como "una farsa de negociación", pues, según denunció, el Ejecutivo llegará a la cita con "una decisión inamovible" sobre las reivindicaciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas.
Fuentes de UGT han indicado a Europa Press que no aceptarán ninguna subida salarial que ahonde en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Tampoco CSIF está dispuesto a aceptar esta subida, que ha calificado de "insuficiente". Fuentes del sindicato han asegurado a Europa Press que este incremento salarial propuesto "no está a la altura y la dedicación" que han mostrado los empleados públicos durante la pandemia.
Este sindicato ha pedido al Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios y para no agravar la pérdida de poder adquisitivo que acumula el colectivo desde 2010.