El sector eléctrico ha rechazado las medidas "intervencionistas" presentadas este martes por el Gobierno para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.
La industria nuclear muestra su rechazo al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Para la patronal nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, han asegurado que, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aun siendo de aplicación temporal, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
Entre las múltiples peticiones que han planteado las nucleares en un comunicado, esperan que en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. El foro argumenta que con la nueva normativa los reactores serían inviables desde el punto de vista económico financiero por la "excesiva presión fiscal", unido a los 3.000 millones de euros que los operadores de las plantas tienen previsto invertir hasta el cese de la operación en 2035, todo ello en un "entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde el año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero".
Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, el "cese anticipado" de la tecnología "que más electricidad produce en España conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial". Ha declarado también que esto supondría "una mayor dependencia energética del exterior y un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista". Asimismo, ha querido aclarar que la medida impediría "el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año"."El mayor contribuyente a esa reducción somos nosotros", ha insistido.
En una entrevista en el Telediario de RTVE, Araluce ha explicado que esta nueva medida "no hace más que ahondar" en las perdidas que ya sufren porque "el orden impositivo es altísimo". "Si sale la nueva ley será la puntilla", ha indicado el presidente de Foro Nuclear. "No hay viabilidad para mantener las nucleares de aquí a 2035", ha zanjado.
No obstante, en RNE Araluce ha añadido que no hay posibilidad de cierre unilateral, "pero tampoco nos pueden obligar a ninguna compañía a estructuralmente seguir produciendo a pérdidas". "La gente no se lo cree, pero las cuentas están auditadas y hemos acabado en pérdidas todos los últimos años", ha insistido, enumerando los costes de patronal, mantenimiento o de combustible nuclear, entre otros.
En su opinión, la reacción del sector eléctrico no se debe a que "estemos enfadados con las medidas del Gobierno", sino a que les "asombran". "No solo las de hoy, sino que viene de más lejos: la regulación del CO2, el tema impositivo...", ha añadido, tras lo cual ha recordado que más allá del IVA existen otros impuestos que afectan al sector.
El Gobierno alega que su medida cuenta con el visto bueno de la CNMC
Pese a las quejas del sector, el Ejecutivo mantiene su propuesta y piden "cautela y tranquilidad a las eléctricas". Fuentes del Gobierno aseguran que esta medida está "conforme al derecho nacional y europeo" y que cuentan con el informe "positivo" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Les piden no olvidar que la propuesta es "temporal y que siguen teniendo margen de beneficio".
El Ejecutivo explica también que "no descartan que algunas medidas tomadas para bajar el precio de la luz se mantengan" ya que, según calculan, "la subida del precio de la luz se mantendrán hasta marzo".
Desde el Ministerio de Transición Ecológica también les recuerdan que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, "que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019". Por lo tanto, "no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron", aseguran. "Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada", añaden
"El proyecto de Ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la CNMC, del Consejo de Estado y es conforme a derecho nacional y europeo. Además el sistema coincide con un mecanismo que el Tribunal de Justicia Europeo ya avaló", señalan.
El Ministerio que preside Teresa Ribera, también ha querido remarcar que "el cierre de las centrales, por otro lado, tiene que aprobarlo el operador del sistema, Red Eléctrica Española, considerando criterios de seguridad del sistema". Sobre esto el presidente de la patronal nuclear, Ignacio Araluce, en una entrevista con RTVE, ha señalado que, "aunque esto sea cierto, lo que no se puede es pedir a ningún actor económico que siga funcionando mientras soporta pérdidas de manera estructural".
Medidas para rebajar la factura de la luz
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.
Se trata de una de las ocho medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes con el objetivo de frenar la preocupante escalada que los precios energéticos están experimentando en los últimos meses, como consecuencia del elevado precio en las cotizaciones internacionales del gas, que está asumiendo también la escalada en los costes del CO2.
La minoración de los denominados 'beneficios caídos del cielo' no será permanente, sino que solo se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual 'rally' en el precio del gas. Así, el Ejecutivo incide en que se trata de una medida temporal y extraordinaria para amortiguar una situación "excepcional y sin precedentes".
No obstante, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh --que es el precio medio del gas en los últimos años-- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.