El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles, en el marco del inicio del nuevo curso político, a abordar una subida "inmediata" en el salario mínimo interprofesional (SMI) y, al mismo tiempo, a frenar el precio de la luz, dos aspectos que han marcado la agenda económica en los últimos meses y que han sido fruto de importantes discrepancias en el seno de la coalición.
Precisamente este miércoles el Ejecutivo y los agentes sociales se han reunido para negociar esta subida, de la que no es partidaria la patronal y que estaba prevista para comienzos de año, pero tuvo que ser aplazada en varias ocasiones dada la negativa de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que instó a esperar a que la recuperación económica se consolidase. El salario mínimo se sitúa en este momento en 950 euros mensuales y el Ministerio de Trabajo ha planteado que ascienda 15 euros mensuales hasta final de año, algo que han rechazado los agentes sociales, por lo que se han emplazado a retomar el diálogo el próximo lunes debido a la falta de acuerdo.
“La voluntad del Gobierno es abordar la subida inmediata del salario mínimo“
“La voluntad del Gobierno es abordar la subida inmediata del salario mínimo y continuar avanzando así en el compromiso electoral de que alcance el 60 % del salario medio”, ha señalado Sánchez en un acto celebrado en Madrid, en el que ha dado cuenta de los planes y prioridades del Gobierno para los próximos meses.
Al mismo han acudido representantes de sociedad civil, agentes sociales, personalidades del mundo de la cultura, empresarios y miembros del Ibex 35; entre ellos, el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, o el consejero delegado de Endesa, José Bogas, justo en un momento en el que la luz continúa marcando a diario cifras récord y alcanzará este miércoles los 132,47 euros por megavatio hora (MWh).
Se compromete a frenar el alza en el precio de la luz
En este sentido, Sánchez ha calificado de "compleja" la problemática con el precio de la electricidad, a la cual, ha dicho, no es posible "dar una única respuesta, sino una agenda reformista, con medidas coyunturales y estructurales", si bien ha insistido en que el Gobierno "se hace cargo de la preocupación social" y, por este motivo, "ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios".
Así, ha defendido las medidas ya acometidas, como la rebaja temporal del IVA al 10% sobre la factura, o la suspensión temporal del Impuesto a la generación que pagan las eléctricas; ha pedido una "tramitación rápida" en el Congreso para las reformas legales aprobadas para rebajar la factura como la creación del fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, o la minoración del CO2 no emitido por parte de las plantas clásicas; y, por último, ha prometido que trabajarán "para impulsar un debate necesario en Europa" sobre "la adaptación de las reglas de mercado".
No obstante, ha insistido, "actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo", en referencia a la propuesta de Unidas Podemos de establecer precios máximos a la energía hidráulica y fijos a la nuclear. Una medida que tampoco cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aludió este martes, durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la subida de la luz, a una "prohibición expresa" en el derecho europeo a esta clase de intervenciones en el mercado.
Además, Sánchez ha dado su visto bueno a que el Congreso inicie una comisión para estudiar el mercado eléctrico y, a partir de la escucha de expertos, pueda elaborar recomendaciones para su reforma. "Nosotros damos la bienvenida a esta comisión. Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente total y absolutamente comprometido", ha afirmado, en referencia a la propuesta de Más País-Equo y Nueva Canarias de iniciar una comisión de investigación la semana pasada y que Ribera este lunes celebró, eso sí, en forma de comisión de estudio.
Por su parte, tanto la oposición como los sindicatos han asegurado que el Gobierno no está tomando las medidas necesarias para atajar este problema. Desde el PP han pedido la dimisión de Ribera y han cuestionado la falta de respuesta del Gobierno ante este problema. Así lo ha señalado la vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, en una entrevista en RNE, donde ha apuntado que, "en otro momento, cuando estaban en la oposición, se hartaban de decir que quien estaba al mando no lo solucionaba". Mientras que Ciudadanos ha criticado las formas con las que el presidente ha anunciado la medida.
"Nadie puede quedar atrás"
El presidente ha remarcado la importancia que la recuperación económica tendrá en esta segunda etapa de la legislatura, tras la remodelación del Gobierno llevada a cabo en julio, y después de que llegara a España hace unos quince días la primera remesa de fondos europeos para desarrollar el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; un plan que precisamente comenzó a esbozar hace justo un año, en su acto en Casa de América del 31 de agosto de 2020.
Según ha apuntado, el Ejecutivo trabajará durante este nuevo curso en dos tareas fundamentales: "consolidar la recuperación y que esa recuperación llegue al bolsillo de los españoles en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones más dignas", ha dicho, ya que "no va a haber recuperación económica si no es justa". "Nadie puede quedar atrás", ha recalcado. En este sentido, ha señalado que el Gobierno ya trabaja en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán entre finales de septiembre y principios de octubre.
Además, ha pedido no olvidar en la recuperación las lecciones que deja la pandemia, como la importancia del Estado y de lo público. Y ha destacado "la unidad de acción" desde el inicio de la pandemia, tanto de la Unión Europea (UE), de los gobiernos "de todo signo político", de las comunidades autónomas y los municipios y del diálogo social. "Cuando trabajamos juntos, nuestro país logra lo que se propone", ha apuntado.
Insta al PP a renovar el CGPJ y el resto de órganos constitucionales
Pese a ello, ha acusado este miércoles al Partido Popular (PP) de "menoscabar" el prestigio de la democracia al no facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva 1.000 días bloqueado, un hecho "sin precedentes", ha recalcado, y de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.
"Ninguna formación política tiene derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución", ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha vuelto a pedir al partido de Pablo Casado que "vuelva al consenso constitucional y cumpla con sus obligaciones constitucionales".
A su juicio, en un contexto de crisis inédita en los últimos cien años, lo que se necesita es "impulsar la regeneración" de las instituciones. "regenerar es renovar, es cumplir con lo que obliga la Constitución", mientras que "cortocircuitar el funcionamiento de los organismos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia" que representa la Constitución, ha concluido.