El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a 40 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el tribunal contable, a la que ha tenido acceso RTVE, una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.
La cantidad más importante recae en el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros. Le siguen el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.
Además, Royo también está investigado penalmente en el juzgado 18 de Barcelona por la acción exterior, a raíz de la denuncia de la fiscalía basada en el mismo informe del propio Tribunal de Cuentas.
Ya no están entre los citados, inicialmente 42, ni Jordi Turull ni Neus Munté. Los 40 declarantes lo hacen en la sede del organismo desde las 15.30 horas de este martes y se espera acabar esta tarde, aunque se ha reservado también el miércoles por si acaso.
Los abogados de los citados han tenido tres horas para revisar la documentación y 10 minutos para presentar alegaciones de modo verbal. Una vez comunicada, la fianza se deberá pagar en un plazo de 15 días; si no, se procederá a embargar los bienes de los encausados. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas investiga la cantidad que la Generalitat habría supuestamente desviado para hacer publicidad en el exterior del referéndum del 1-O.
Puigdemont tilda de "franquismo" el informe del Tribunal
De los 40 presuntos responsables del desvío de dinero público para dichos gastos, han acudido a la sede del Tribunal de Cuentas el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, quien ha lamentado haberse enterado por la prensa el contenido del expediente provisional, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Este último ha lamentado la filtración del expediente y ha considerado el procedimiento "una tomadura de pelo" porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer "una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior" del Govern.
"Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo", ha dicho en referencia al acta de liquidación provisional. Mientras que el propio Puigdemont ha afirmado en un mensaje en su cuenta de Twitter que el informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1-O en el exterior es "franquismo de fondo y forma".
En este sentido, y el mismo día en el que se reúnen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, los diputados de Junts y PdCat han exigido al Gobierno que dé órdenes a la Abogacía General del Estado para que se retire de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra los líderes catalanes. "Más hechos y menos palabras y titulares. O el Gobierno actúa o será lo mismo que el PP, pero con un poco más de maquillaje", ha advertido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, por su parte, ha censurado a Sánchez por "erosionar" instituciones como el Tribunal de Cuentas con tal de "agasajar" a los independentistas catalanes. A su juicio, es un "disparate" el comportamiento del Gobierno de presionar al Tribunal de Cuentas ante la posibilidad de que reclame a los líderes del 'procés' dichas cantidades.
Los condenados ya abonaron los 4,1 millones de fianza
Los presuntos responsables del desvío de fondos para promover el referéndum ilegal del 1-O, entre los que también figuran los exconsellers Raül Romeva, han sido citados para este martes junto a representantes de la Generalitat, de Diplocat, de los Abogados Catalanes por la Constitución, de Sociedad Civil Catalana, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.
Los condenados por el 'procés', según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.
Junqueras y Romeva son dos de los nueve líderes independentistas del 'procés' que salieron de la cárcel la semana pasada tras la publicación en el BOE de los indultos y los autos del Supremo remitidos a las cárceles, después de que el Consejo de Ministros aprobara esta medida de gracia por razones de "utilidad pública".
Precisamente, el Tribunal Supremo preguntó el pasado 1 de marzo al Tribunal de Cuentas si los condenados por el 'procés' habían depositado 4,1 millones de euros, el dinero malversado por los gastos del referéndum del 1-O. Un requerimiento que había sido solicitado por la Abogacía del Estado para incorporarlo al expediente sobre las peticiones de indulto a dichos condenados.
El Gobierno insta al PP a no "boicotear" la renovación del Tribunal de Cuentas
El Gobierno, por su parte, ha trasladado su "respeto" a todas esas investigaciones de este Tribunal pero ha advertido de que el que el PP no puede sumar un órgano más a la no renovación". Montero, que ha explicado que el plazo de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas concluye el 23 de julio, no ha descartado que el Gobierno impulse una reforma para renovar este órgano constitucional.
Así, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha exigido al PP que ponga fin a su actitud "tremendamente antidemocrática" de "boicotear" la renovación de los órganos constitucionales. "Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", ha afirmado.
Según Montero, "un partido político no puede ejercer el veto o el boicot amparándose en excusas variopintas porque cree que le benefician las mayorías que actualmente tienen estos órganos".