Varias comunidades, entre ellas Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla y León, han anunciado este jueves que no acatarán las restricciones a la hostelería por la pandemia de la COVID-19 que se acordó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y han pedido al Ministerio de Sanidad que reflexione y rectifique.
El Consejo Interterritorial de Salud aprobó, con la oposición de Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña y Murcia, unificar las restricciones al ocio nocturno, que solo podrá abrir hasta las 2.00 horas en los territorios con más baja incidencia, y a la hostelería, que podrá hacerlo hasta la 1.00, hasta que el 70% de la población esté vacunada.
Las comunidades que se oponen alegan que invade competencias autonómicas, pues en materia sanitaria la competencia es exclusiva de los Gobiernos autonómicos, por lo que amenazan incluso con recurrir las medidas.
Al respecto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en una entrevista en RNE que"la judicialización es el último paso en la política", y ha retirado que las medidas son de "obligado cumplimiento", al tiempo que ha invitado a las comunidades a establecer "marcos de actuaciones comunes".
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Darias dice que las comunidades que se oponen a las restricciones son minoría y apuesta por evitar la judicialización - Escuchar ahora
Madrid y Castilla y León amenazan con recurrir
La Comunidad de Madrid ha sido la primera en anunciar que no pensaba acatar el acuerdo y así lo ha reiterado esta mañana la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que ha considerado que las medidas responden a "una imposición política, que no sanitaria", que "no tienen sentido" con las cifras actuales de incidencia de la pandemia en el país.
También el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que se trata de un "nuevo atropello del Gobierno a las comunidades" y ha avanzado que recurrirá las restricciones porque se han tomado "sin ningún consenso ni fundamento".
Además, ha señalado que "Madrid tiene su modelo", que ha tenido buenos resultados. "Seguiremos con la legislación autonómica que nos ha permitido llegar hasta aquí", ha zanjado.
Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado que el Ejecutivo regional recurrirá el Plan si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad no se aplicará porque "vulnera" las competencias autonómicas y es "más restrictivo" que lo marcado en el semáforo.
En Galicia, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, ha lamentado que el Gobierno central quiera "imponer su criterio" y ha avisado de que la Asesoría Jurídica de la Xunta está estudiando "hasta qué punto es obligatoria esta decisión" para "actuar en consecuencia". "Si no es obligatoria y las Comunidades Autónomas tenemos margen de maniobra haríamos lo que más conviniera", ha detallado.
País Vasco y Andalucía denuncian invasión de competencias
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que invaden competencias autonómicas y ha anunciado que seguirá su propio plan. "Sin planteamientos previos para un consenso, plantear decisiones de manera unilateral a modo de imposición no es el resultado de una cogobernanza", ha denunciado a su llegada al Parlamento Vasco.
Preguntado por si su Ejecutivo va a "ignorar" las decisiones adoptadas, ha respondido que el País Vasco seguirá "manteniendo su hoja de ruta (el Plan Biziberri)", que según ha dicho "se ha demostrado eficaz y está consensuado".
Tampoco Andalucía acatará las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud, según ha avanzado este jueves el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha denunciado que se trata de una "invasión brutal de competencias".
En declaraciones a la prensa, Marín ha asegurado que Andalucía acatará "solo" las medidas que establezca su propio comité de expertos y la Consejería de Sanidad y ha subrayado que las medidas del Consejo Interterritorial "no han sido consensuadas".
Para Murcia, supone en algunos aspectos un "paso atrás" y censura que se les "ha empujado" a pronunciarse "sin haberlo consensuado, ni tan siquiera escuchado, para su elaboración", según informaron fuentes de la consejería de Salud.
Baleares defiende su desescalada lenta y no permitirá el ocio nocturno
En cambio, el Govern balear ha defendido poder aplicar medidas incluso más restrictivas que las acordadas en el Consejo Interterritorial y ha abogado por seguir con su "desescalada lenta". La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado que Baleares "se juega mucho" con el inicio de la temporada turística y no permitirá por ahora la apertura del ocio nocturno en todo el archipiélago.
Gómez ha subrayado el esfuerzo que ha hecho la sociedad balear durante muchos meses para lograr que el índice acumulado de casos de COVID por cien mil habitantes a 14 días en Baleares se sitúe muy bajo (38 casos) y continúa apostando por una "desescalada lenta".
Por tanto, Baleares no seguirá la directriz aprobada este miércoles por el Consejo Interterritorial de Salud de abrir, tras diez meses cerrados, los locales de ocio nocturno de toda España.
Este viernes, el Govern balear aprobará para los dos próximas semanas la celebración de actividades culturales y deportivas al aire libre con 2.000 personas y 800 en espacios cerrados y la apertura de bares y restaurantes hasta la medianoche como máximo, además de poner fin al toque de queda en las islas.