Más de ochocientos abogados penalistas de Colombia se han unido para ejercer, de forma gratuita, la defensa de los manifestantes detenidos desde que comenzó el estallido social el pasado veintiocho de abril. La primera línea jurídica se constituyó hace apenas una semana y el éxito de la iniciativa se palpa en sus redes sociales donde ya tiene 8.000 seguidores, y eso que acaba de darse a conocer mediáticamente.
“¿Cuántos muchachos capturados me dices que hay?", pregunta Patricia Amaya quien se encarga de coordinar todos los casos que llegan al colectivo."En Pasto hay como seis muchachos y nos están llegando reportes de presuntas capturas en Suba”, le responde Augusto Ocampo, uno de los promotores de este proyecto.
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“Ayudar a los jóvenes, básicamente es eso. Brindarles una asesoría, una mano amiga a estos ciudadanos que pacíficamente se desplazan en todo el país que tienen que verse afrontando procesos judiciales y que son víctimas indiscutiblemente de abusos y atropellos por parte de la empresa pública”, cuenta a RTVE Ocampo quien además detalla las cifras que su colectivo maneja sobre las detenciones ilegales. “No menos del sesenta por ciento de las audiencias han fracasado tratando de judicializar a estos jóvenes. Es decir, se ha decretado y declarado la ilegalidad de las capturas por malos tratos, torturas y montajes de situaciones de flagrancias” afirma el abogado penalista.
En defensa de "jóvenes inocentes que son víctimas de la represión"
Desde que comenzaron las movilizaciones algunas marchas han estado empañadas por actos de violencia callejera, que en muchas ocasiones han servido a las autoridades para tratar de deslegitimar la protesta. “Cualquier acto delictivo que tenga soporte, pues nosotros no lo vamos a avalar. Acá estamos defendiendo no a vándalos ni a delincuentes, que quede absolutamente claro. Acá estamos defendiendo a jóvenes inocentes que son víctimas de la represión, del abuso policial y por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias” asegura el promotor del proyecto quien añade que hasta la fecha han descartado unos quince expedientes de personas que podrían estar relacionados con la comisión de algún delito.
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Los casos que reciben son prácticamente de todos los departamentos del país. “Si el joven está en Popayán (a 600 kilómetros de Bogotá) pues nosotros contactamos con uno de los abogados asociados al colectivo allí para que se desplace al lugar donde está retenido” comenta Ocampo que además explica cómo contactan con el detenido. “Es casi imposible tener comunicación directa con los jóvenes porque han sido capturados y están limitados en su posibilidad de acceder a nosotros. El contacto es por un familiar, un amigo y a través de las redes sociales en donde se hacen virales sus quejas. Ahí aparecemos en escena y nos desplazamos al lugar donde están privados de la libertad”, asevera el letrado.
En pocos días de vida este servicio está desbordado, han recibido cientos de quejas y han logrado poner en libertad a una veintena de detenidos. Aunque su foco de atención son los manifestantes, también están preocupados por las escenas que se han visto en el país desde el inicio de las marchas; civiles armados disparando a la gente ante la inacción policial. “Estos uniformados están escoltando a civiles que sin lugar a dudas tienen una función paramilitar que es paralela a los organismos del estado, que no debería existir” afirma Ocampo que los agentes podrían estar incurriendo en varios delitos. “Por ejemplo en el caso de que haya lesiones u homicidios pues pueden ser imputados en calidad de coautores o cómplices. Y ya de menor rango pueden ser investigados por omisión” concluye el fundador de la primera línea jurídica.
Unos tres mil profesionales de diferentes sectores han solicitado entrar en este colectivo para sumarse a la causa. Además de los abogados penalistas hay psicólogos, estudiantes entre otros perfiles que se están uniendo para levantar los pilares de una conciencia ciudadana colectiva en el país caribeño.