El Gobierno ha aprobado este martes dos medidas destinadas a abaratar hasta un 15 % la factura de la luz en los próximos cinco años recortando una parte de los beneficios de las grandes eléctricas, el mismo día en que ha entrado en vigor la nueva factura eléctrica, que supone una subida inmediata del montante final de la factura para más de 10 millones de consumidores.
"El Ejecutivo quiere velar por los consumidores, sobre todo por los domésticos, y asegurarnos de que cuentan con un precio de la energía razonable", ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha defendido la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores y no solo en "las cuentas de resultados de las empresas".
En primer lugar, el Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación urgente de un anteproyecto de ley para reducir la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005, los llamados "beneficios caídos del cielo" ("windfall profits"), que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en los beneficios que reciben las eléctricas. Además, el Ejecutivo ha dado 'luz verde' a un proyecto de ley que liberará a los consumidores del coste de las primas de las renovables y que se repartirá entre las empresas.
Según ha destacado la vicepresidenta, ambas iniciativas supondrán una reducción del 15 % de la factura de los consumidores domésticos e industriales. "Queremos que nuestra respuesta aborde todas las preocupaciones que tienen los consumidores cuando ven que su factura va creciendo", ha recalcado la vicepresidenta en relación a estas medidas, que se incorporarán "de manera paulatina hasta un plazo máximo de tiempo de cinco años", ya que la aplicación del denominado 'fondo verde' es gradual -un 20 % cada uno de los cinco años-.
Se trata de unas iniciativas incluidas en el pacto de coalición firmado por el PSOE y por Unidas Podemos y que lleva debatiéndose varios meses en el seno del Ejecutivo. Ya en enero, tras el paso de la borrasca Filomena, Unidas Podemos exigió a su socio de Gobierno impulsar cuanto antes la reforma del mercado eléctrico para reducir el precio de la luz, si bien lleva meses demorándose.
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Recaudar 1.000 millones anuales para abaratar hasta un 5 % la factura
El anteproyecto de ley para reducir la sobrerretribución que perciben las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005 afecta a las hidráulicas, a las nucleares y a algunas eólicas que no pagan derechos de emisión de CO2, y tiene como objetivo que estas compañías abandonen dichas tecnologías y caminen de manera progresiva hacia las renovables. "El precio del CO2 en menos de un año han crecido un 150 % sin que los costes de generación de más del 90 % de nuestro parque emitan CO2", ha dicho Ribera.
Según cálculos del Gobierno, el recorte que sufrirán estas compañías rondaría los 1.000 millones, una cifra que podría incrementarse si el precio del dióxido de carbono continúa aumentando -actualmente se encuentra en unos 50 euros por tonelada-. No obstante, la medida inicia ahora su trámite parlamentario por el procedimiento de urgencia, por lo que puede complementarse con otros mecanismos que ahonden en esta aminoración en las cuentas de resultados de las eléctricas. En este caso, se aplicará a partir de su publicación en el BOE.
La medida va a repercutir a las plantas exclusivamente que estaban funcionando antes de 2005, que fue cuando se puso en marcha el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea (ETS EU). Esto significa que el recorte afecta directamente a los ingresos de las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola o Naturgy, mientras que las centrales eléctricas de menos de 10 MW, las minihidráulicas y algunos parques eólicos previos a 2005 quedarán exentos.
El Gobierno, que no descarta una reacción de las afectadas, ya se ha cubierto ante una posible batalla legal. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este mecanismo es "robusto" jurídicamente y es "compatible" con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2. La propia Ribera ha considerado que "todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance", aunque ha subrayado que la electrificación supondrá "un incremento muy notable del negocio al que se dedican" y ha descartado un cierre acelerado del parque nuclear, que está previsto entre 2025 y 2035.
Los usuarios 30.167 millones en sobrecostes de facturas de la luz desde 2009
Al mismo tiempo, la vicepresidenta ha señalado que el anteproyecto tendría un impacto de un 4 o 5 % en la factura de la luz de los pequeños consumidores en los próximos años y de un 1,5 % a los industriales. Además, la intención del Gobierno es que el 90 % de esos 1.000 millones que se minorarán de los "beneficios caídos del cielo" se destine a financiar los costes de las renovables y el 10 % restante al bono social para los consumidores vulnerables.
"Además, no se recaudará el 100 % del dividendo del CO2, es decir, todo lo que obtengan las eléctricas por los ingresos del CO2, sino el 90 %, y el 10 % restante se lo quedarán las compañías para incentivar las mejoras y el mantenimiento de sus centrales", ha apuntado.
Un fondo para sufragar las renovables y reducir un 13 % la factura
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que llega en segunda vuelta convertido en proyecto de ley tras una primera aprobación en diciembre de 2020. El objetivo es sacar de la factura de la luz los conocidos como 'recores', el coste de las primas de las renovables, que ascienden a unos 7.000 millones de euros anuales, y repartirlo entre todos los sectores energéticos.
De esta manera, se libera a los consumidores de pagar por el mismo y se repercutirá a las empresas, esencialmente las eléctricas y las petroleras. El objetivo, ha recalcado el Gobierno, es abaratar un 13 % la factura de la luz en cinco años y caminar a su vez hacia la electrificación y las energías limpias.
Cabe tener en cuenta que los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año -10.000 millones los de redes, que se sufragan con los peajes que aprueba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 7.000 millones los de las renovables y casi 3.000 millones van a devolver la deuda acumulada por el sistema eléctrico-, a los que hay que añadir entre 600 y 700 millones de extracostes peninsulares.
Ambas medidas coinciden con la puesta en marcha de la nueva factura eléctrica, entre críticas de las organizaciones de consumidores y la oposición. A partir de ahora, el montante del recibo dependerá en mayor medida de cuándo se realice el consumo y no tanto de la cantidad. Según cálculos de la CNMC, aquellos consumidores acogidos con anterioridad a una tarifa de discriminación horaria verán aumentar su factura en unos dos euros mensuales. El resto, unos 19 millones, ahorrarán más de un 3 % en el recibo eléctrico.