El Gobierno ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto ley para crear un fondo con el que financiar el sistema eléctrico, que se nutrirá con aportaciones de las empresas comercializadoras de luz, gas y productos petrolíferos. Así, saca de la factura de la luz algunos costes regulados como la financiación a las renovables -lo que abaratará el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años-.
El Consejo de Ministros ha acordado la tramitación urgente de esta norma por la que se creará el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que tiene, entre sus objetivos, evitar que suba el precio de la luz, pero también garantizar el equilibrio del sistema eléctrico, actualmente afectado por una menor demanda eléctrica y por una menor recaudación.
El Fondo introduce un nuevo sistema de financiación de los costes regulados y saca de la factura de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y energía producida con residuos, que ascienden a unos 7.000 millones de euros anuales.
Los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año -10.000 millones los de redes, que se sufragan con los peajes que aprueba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 7.000 millones los de las renovables y casi 3.000 millones van a devolver la deuda acumulada por el sistema eléctrico-, a los que hay que añadir entre 600 y 700 millones de extracostes peninsulares.
Garantizar el equilibrio financiero
En el caso de la retribución a las renovables, suponen aproximadamente el 16 % del recibo doméstico y el Ministerio para la Transición Ecológica estima que la factura eléctrica doméstica se rebajará al menos un 13 % gracias a la disminución de los cargos.
El otro objetivo del Fondo es garantizar el equilibrio financiero del sistema eléctrico, que se está viendo afectado porque ya no se recauda tanto, al haber una menor demanda, algo que se ha agudizado con la crisis del coronavirus, y porque algunos impuestos que creó en 2012 la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética también disminuyen, como los aplicados al carbón y otros combustibles.
Entre los impuestos creados por esa ley en 2012, el principal es el impuesto del 7 % sobre el valor de la producción, pero también están el canon hidroeléctrico, los céntimos verdes al carbón y el impuesto a las nucleares, estos dos últimos abocados a desaparecer con el final de estas tecnologías.
Además, el mecanismo ideado en 2012 fue pensado para grandes demandas y ya no funciona, como prueba que 2018 fue el último año en que el sistema cerró con un ligero superávit, pues para cuadrar el equilibrio financiero en el ejercicio de 2019 ha habido que aplicar 530 millones de euros de la cuenta de superávit.
Pagan los que venden energía
Los sujetos que estarán obligados a financiar el fondo serán los comercializadores de todos los sistemas energéticos, que contribuirán al mismo trimestralmente en función de sus ventas. Ello incluye a comercializadoras de luz, gas y de productos petrolíferos, pero también a aquellos consumidores que compran sus suministros directamente en el mercado y no a través de comercializadoras.
El Ministerio va a establecer una serie de exenciones y bonificaciones para algunos sectores, en algunos casos porque se incurriría en una doble imposición y en otros para cuidar a determinados sectores, como el aéreo.
Así, estarán exentos de aportar al fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo) y el porcentaje de mezclas bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Las bonificaciones serán para el gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural.
Las aportaciones se harán mediante pagos trimestrales proporcionales a las ventas de energía de esos comercializadores, y el objetivo de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados a hacerlas se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos procedentes de otras fuentes, como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Se evita una subida automática del 6,5 %
Con este fondo, el Ministerio quiere evitar que se encarezca la factura de la luz para los consumidores, especialmente a los domésticos y vulnerables, pues de no actuar para evitar los desequilibrios del sistema eléctrico, habría que ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz, según establece la ley vigente.
Ésto supondría un incremento de entre un 10 % y un 15 % de la parte regulada de la factura, lo que se traduciría en una subida media de en torno a un 6,5 % en un sólo año.
Fuentes del Ministerio no creen que las comercializadoras vayan a trasladar a los consumidores la aportación que tienen que hacer al fondo, pues repercutiría en su cuota de mercado.
Subastas de derechos de emisiones y otros tributos
Además de las aportaciones de las comercializadoras, el fondo también recibirá las de la recaudación de los tributos regulados en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética de 2012, así como los ingresos procedentes de las subastas de derechos de CO2, que podrán complementarse con fondos comunitarios y partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) gestionará el fondo, que sustituirá en un periodo de cinco años los cargos fijos del sistema eléctrico destinados a financiar el régimen específico de renovables, cogeneración y residuos, incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura.
La desaparición de los costes fijos por las renovables comenzará en 2021, en que los consumidores ya sólo pagarán un 80 % de esos costes, para pasar a un 60 %, un 40 % y un 20 % en los años sucesivos, para ya en el quinto año de aplicación del fondo desaparecer totalmente.