Un tribunal ha reconocido por primera vez el COVID-19 como enfermedad profesional a un trabajador de la sanidad contagiado por el virus. Se trata de un auxiliar administrativo que trabaja en un centro de salud de Castilla La Mancha.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido que se reconozca este hecho a todo el personal que ha estado contagiado. Y han denunciado que solo un 10 % de los casos de coronavirus entre el personal sanitario se está reconociendo como enfermedad laboral.
La sentencia
El afectado se contagió durante la pandemia y tuvo que pedir dos bajas, pero ni la Seguridad Social ni la mutua colaboradora Solimat se lo reconocieron en su momento como enfermedad profesional. Decidió recurrir y el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) ahora le ha dado la razón.
El tribunal considera acreditado que esta persona sufrió un síndrome respiratorio agudo severo asociado al coronavirus, que le abocó a una primera baja laboral. Su sentencia reconoce que la dolencia está recogida en el listado de enfermedades profesionales y, además, considera probado que estuvo expuesto al virus por su profesión.
Respecto a la segunda incapacidad temporal con un diagnóstico de dificultad respiratoria, la magistrada entiende que no existe ninguna duda de que son consecuencias derivadas del contagio por COVID. Por lo tanto, debe considerarse igualmente enfermedad profesional.
"Que fuera personal no sanitario nos supuso un gran problema porque han sido discriminados durante toda la pandemia respecto al personal sanitario, compañeros de los mismos centros", han lamentado la abogada Beatriz Fernández en rueda de prensa, al explicar cómo se ha desarrollado el proceso.
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Un 10 % de los accidentes laborales, según CSIF
La Estadística de Accidentes de Trabajo de 2020 y los tres primeros meses de 2021 recoge 26 muertos y 14.358 accidentes de trabajo por COVID-19 en España. Sin embargo, CSIF considera que estas cifras no reflejan el impacto real en los trabajadores de la sanidad, ya que los datos del Ministerio elevan la cifra de contagios entre el personal sanitario a más de 125.000 en el mismo periodo.
Para el sindicato, esto significa que se están reconociendo solo 10 % de los casos en el personal sanitario como accidente laboral por COVID-19, cuando se trata del colectivo laboral con mayor cifra de contagios en España desde el inicio de la pandemia.
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Permitirá justificar secuelas, incapacidades e indemnizaciones
Desde CSIF han subrayado que el rechazo de la Seguridad Social y las mutuas de reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional repercute en la futura protección del trabajador si sufre secuelas graves, así como en las posibles incapacidades y en las indemnizaciones derivadas del fallecimiento.
"Es importante que se dé esta protección bajo la enfermedad profesional para que el trabajador pueda estar protegido por la seguridad social a lo largo de su vida laboral", ha señalado Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato.
“CSIF: "Esperamos conseguir más sentencias"“
Hasta ahora, ha explicado, el Gobierno solo consideraba el contagio de coronavirus como accidente laboral para recibir una prestación por la incapacidad temporal, es decir, para la baja. Pero esta primera sentencia y reconocimiento permitirán relacionar el contagio con un daño derivado del puesto de trabajo.
Nuevas reclamaciones contra el "peor maltrato de la historia"
Así, CSIF ha anunciado también que promoverá nuevas reclamaciones. "Esperamos conseguir muchísimas sentencias más, ya que tenemos centenas de reclamaciones en vías y hay muchos profesionales que están pendientes de reclamar", ha asegurado Abascal.
"Consideramos que la actitud de las administraciones para con el personal del sistema nacional de salud ha significado el peor maltrato de la historia de nuestra sanidad", ha remachado el presidente del sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, quien no solo se ha detenido en la falta de reconocimiento como enfermedad profesional, sino que ha denunciado también las condiciones laborales, la falta de protección personal durante los peores meses de la pandemia y los despidos del personal de refuerzo que ahora se están efectuando.
Finalmente, Hontangas ha pedido a la administración que refuerce los servicios de prevención de los centros para que tengan la capacidad de hacer el seguimiento de los casos.