Más de 17.000 sanitarios han fallecido en todo el mundo tras un año de lucha contra la pandemia de coronavirus Es el balance que arroja un informe de Amnistía Internacional y los sindicatos Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union. "Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia", ha denunciado el director de Justicia Económica y Social de Amnistía, Steve Cockburn.
Estas organizaciones alertan de la falta de protección con la que el personal sanitario se han enfrentado al virus, tanto por escasez de material como Equipos de Protección Individual (EPI), como por la inseguridad de las condiciones laborales. Según ha asegurado Cockburn, "el personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello".
La situación para los sanitarios no ha sido igual en todo el mundo. Desde los primeros momentos de la pandemia gozaron de distintos niveles de protección y esa desigualdad se hace especialmente evidente con la llegada de la vacuna. El estudio alerta de que estos profesionales corren el riesgo de no ser considerados un colectivo prioritario por problemas de suministro o "por una definición limitada del concepto de profesional de la salud".
El estudio se ha realizado en base a los datos disponibles publicados por gobiernos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de más de 70 países. Advierte de que "es muy probable que estas cifras estén bastante por debajo de la realidad" ya que muchos gobiernos no han recopilado datos oficiales o lo han hecho solo parcialmente.
En 100 países no ha comenzado la vacunación a los sanitarios
Las organizaciones responsables del informe alertan de que, por la desigualdad del acceso a la vacuna a nivel global, en 100 países todavía no se ha inoculado una sola dosis a profesionales sanitarios. En aquellos donde ha comenzado la vacunación, como en Europa, los sindicatos han tenido que luchar para que se considerara a los trabajadores de residencias como sanitarios y así se contasen entre los colectivos prioritarios para la vacunación.
En países como Brasil o Perú, organizaciones de sanitarios denuncian que se ha vacunado antes a personal directivo o de administración antes que a ellos. En este último país el personal de limpieza o de recogida de residuos no está recibiendo el fármaco, pese a su exposición al virus.
Precisamente el informe critica que muchos profesionales, no considerados estrictamente como sanitarios, han sufrido el azote del virus por su desprotección y "abandono". En Estados Unidos han fallecido 1.576 trabajadores de residencias de personas mayores, mientras que en Reino Unido murieron 494 trabajadores sociales durante 2020.
Por ello reclaman que, en aquellos países donde no ha comenzado la campaña, se vacune también a profesionales "ignorados" durante la crisis sanitaria, como el personal de limpieza, de servicios sociales o de salud comunitaria.
"Es necesario adoptar medidas urgentes para acabar con las enormes desigualdades en el acceso a las vacunas a nivel mundial, de manera que un trabajador o trabajadora de la salud en Perú esté tan protegido como un médico o médica en el Reino Unido", ha pedido Cockburn.
"El virus no distingue entre un cirujano y un enfermero o de una residencia"
Algunos colectivos se han visto especialmente afectados por este abandono, y en países como Malasia, México y Estados Unidos, el personal de limpieza, de servicios auxiliares y de servicios sociales han sufrido represalias, entre ellas despidos y detención, por exigir EPI y unas condiciones de trabajo seguras.
Estas muertes son terribles, catastróficas, y reflejan tan solo una parte del verdadero coste de la pandemia para el personal de cuidados de todo el mundo", ha señalado la secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman. "El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria".
Por ello, según ha apuntado Hoffman, la estrategia de vacunación y de distribución de equipos de protección no debe distinguir entre estas categorías profesionales.
Los autores del informe instan a los gobiernos a dar prioridad al personal sanitario en los planes de vacunación y acelerar la producción y distribución del fármaco. Para ello, proponen "una exención de la Organización Mundial del Comercio sobre las patentes que permita abaratar las vacunas, y que debe ir acompañada de subvenciones para los países más pobres que, a pesar de ello, sigan sin tener capacidad para adquirirlas", ha afirmado Rosa Pavanelli, Secretaria General de ISP.
Todos los gobiernos deben tener capacidad para adquirir vacunas contra la COVID-19, así como para administrárnoslas, a nosotras y nuestras comunidades, lo antes posible. El personal sanitario no estará seguro hasta que todos y todas lo estemos", ha añadido.