España afronta desde hoy la última semana del estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus que, si no hay un giro radical de los acontecimientos, decaerá definitivamente el próximo 9 de mayo. Ese día, las comunidades autónomas perderán el paraguas legal que durante los seis últimos meses les ha permitido decretar toques de queda y confinamientos perimetrales, reduciendo su capacidad de acción a otras medidas como la limitación de aforos y horarios.
Aunque varios ejecutivos autonómicos se han mostrado partidarios de prorrogar el estado de alarma con el fin de controlar la pandemia, el Gobierno considera que a partir del 9 de mayo bastarán los "mecanismos habituales que ofrece la Constitución" para afrontar la situación, según afirmó el jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante una comparecencia en el Congreso.
Pese a la postura del Ejecutivo central, el panorama que se abre a partir de la próxima semana está lleno de incertidumbres, pues muchas comunidades autónomas temen que, al igual que sucedió en verano tras el confinamiento, sean los tribunales los que tengan que ratificar cada uno de sus movimientos para controlar la pandemia.
Con la diferencia de que en aquel momento, julio de 2020, la incidencia acumulada a 14 días en España rondaba los 10 casos por 100.000 habitantes mientras que ahora la cifra media lleva varios días estancada en torno a los 230, muy por encima de los 150 en los que se sitúa el riesgo alto.
"Inseguridad jurídica"
Por este motivo, Cataluña tiene previsto aprobar este martes, a través de un decreto, un "instrumento legal" que le permita decretar el confinamiento nocturno sin estado de alarma, según avanzó el viernes el consejero de Interior, Miquel Sàmper. Sin embargo, el decreto tendrá que lograr el visto bueno del Parlament y, sobre todo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debe derimir si se ajusta a la ley.
"Pasamos a una situación en la que los jueces tendrán que ratificar las medidas que se tomen en los distintos territorios y el criterio no será el mismo", afirma Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla en una entrevista al programa Parlamento de RNE.
Álvarez-Ossorio advierte de la "inseguridad jurídica" que se va a vivir a partir del 9 de mayo porque no existe una "normativa clara" y asegura que habría que haber aprovechado este período de pandemia para reformar la Ley de Sanidad Pública de 1986, que junto a la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud -modificada el pasado año por el decreto de nueva normalidad- constituyen el marco legal al que tendrán que atenerse las comunidades autónomas a la hora de aplicar nuevas restricciones.
Pero varios territorios consideran que esta legislación es insuficiente, dada la situación de riesgo en la que se encuentra España en las últimas semanas. Uno de los más críticos con el fin del estado de alarma ha sido ha sido el lehedakari, Iñigo Urkullu, que el viernes pasado insistió en que hará "todos los esfuerzos hasta el último momento" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo prorrogue con un "plazo significativo" o bien ofrezca una "alternativa con garantías jurídicas".
Las comunidades del PP reclaman una "red legal"
También algunas de las comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o Galicia, han reclamado que se mantenga el estado de alarma para que sus gobiernos tengan una "red legal" en el que ampararse hasta que las vacunas permitan alcanzar "la inmunización de rebaño", según afirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
"Tenemos que tratar la pandemia con criterios sanitarios y no presionando a los tribunales superiores de Justicia", asevera Feijóo, quien teme que las comunidades se queden a partir del 9 de mayo en un "limbo jurídico".
En el caso de la Comunidad de Madrid, una de las pocas que no está cerrada perimetralmente, confía en mantener su estrategia de restringir la movilidad en zonas básicas de salud y municipios con alta incidencia. Según aseguró el viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, el Ejecutivo regional acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para restringir la movilidad o para otras medidas que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el toque de queda o el número de personas que puedan agruparse.
Incluso Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE, se ha mostrado a favor de que perduren "al menos un mes" las medidas contra la Covid-19. "Que nadie piense que el 9 de mayo acaben las mascarillas ni probablemente el toque de queda", señaló el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. "Entendemos que hay un mes necesario para equilibrar la balanza entre el proceso de vacunación y la necesaria prudencia, afirmó Page, para quien "evidentemente no se va a pasar de cero a cien ni del blanco al negro de un día para otro".
En el otro lado está la Comunidad Valenciana, una de las que tienen incidencias más bajas. Su presidente, Ximo Puig, considera que los gobiernos regionales cuentan con "instrumentos suficientes" para hacer una "desescalada prudente" y pide no lanzar "mensajes contradictorios" pues no se puede mantener "de forma indefinida el estado de alarma" y querer tener "un verano con posibilidades de recuperación económica y social".
El PP propone un 'plan B' jurídico
El Partido Popular ha insistido durante estos días en la necesidad de buscar una alternativa al estado de alarma, un 'plan B' jurídico, acusando al Gobierno de hacer campaña con este asunto y de "mirar para otro lado" pensando en "un puñado de votos", según manifestó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Los populares reclaman la modificación por vía de urgencia de la Ley de Sanidad Pública que permita contar con "un marco legal, eficaz y ágil para combatir la pandemia", en palabras de su líder, Pablo Casado, quien cree que Sánchez lo rechaza porque "dice no'" a "todo lo que propone el PP".
En esa línea, el PP registró el sábado una proposición no de ley en el Congreso en el que exige la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos para que el presidente del Gobierno les informe de las medidas que pueden adoptar tras el estado de alarma.
Además, reclama que adopte las modificaciones necesarias para que las autonomías cuenten con los instrumentos legales para adoptar las necesarias medidas de protección de la salud.
La luz al final del túnel
Es cierto que el Gobierno puede decretar estados de alarma parciales para determinados territorios en caso de que la indicencia así lo recomiende. Ya lo hizo a principios de octubre en el caso de la Comunidad de Madrid pese a la disconformidad del Gobierno regional, que había optado por el confinamiento por áreas de salud básicas.
"Creo que la situación el 9 de mayo será muy diferente y el tipo de medidas que se tengan que aplicar no son las que dependen del estado de alarma", señaló días atrás el director del CCAES, Fernando Simón.
El epidemiólogo se muestra optimista con la evolución de la pandemia y cree que "ya estamos viendo una luz al final del túnel, vamos a terminar el trabajo".