El Parlamento Europeo propone que el futuro certificado COVID-19 comunitario evite a sus portadores pasar por restricciones adicionales a la movilidad en los países de la Unión Europea. La Eurocámara pide también que las vacunas y los tests PCR sean gratuitos, para evitar situaciones de discriminación.
La resolución, adoptada este jueves por 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones, es contraria a la adoptada por el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los países miembros. El pasado 14 de abril, el Consejo acordó que el certificado no sería un pasaporte que garantizara la movilidad, sino que cada estado tendría competencias para, por ejemplo, establecer cuarentenas obligatorias a los viajeros de otros países.
El Parlamento trasladará ahora su postura a las conversaciones con el Consejo para intentar llegar a un acuerdo durante el mes de mayo y que el certificado entre en vigor en junio.
El certificado o pasaporte COVID debe mostrar si un ciudadano ha sido vacunado, tiene anticuerpos o una PCR reciente.
Un documento que garantice la libre circulación dentro de la Unión
"Los Estados miembros deben coordinar su respuesta de una manera segura y asegurar la libre circulación de los europeos dentro de la Unión", ha explicado el negociador principal del Parlamento para el certificado, el español Juan Fernando López Aguilar.
"Las vacunas y los test deben ser accesibles y gratis para todos. Los países no deben incorporar restricciones adicionales una vez el certificado esté en funcionamiento", ha añadido.
En la negociación con el Consejo, el Parlamento defenderá también unos elevados estándares de protección de datos, de forma que el certificado contenga solo la información mínima necesaria para la verificación de la identidad de su portador.
La Eurocámara también considera que el certificado no puede usarse como condición previa a la libre circulación y que los países deberán aceptar los certificados de vacunación de otros países europeos para portadores que hayan recibido las vacunas aprobadas para su uso en la UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen), aunque cada Estado miembro pueda aceptar individualmente otras vacunas incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Avance de cara al verano
La Comisión Europea considera que la resolución del Parlamento es un avance hacia el objetivo que se había marcado: que el certificado esté en funcionamiento para finales de junio, de forma que ayude a impulsar el turismo y la actividad económica en verano.
"Si continuamos con buenos progresos, confío en que podamos salvar el verano, garantizar que los seres queridos y las familias puedan reunirse y que las empresas puedan operar más fácilmente", ha declarado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
Por ello, Reynders ha pedido al Consejo y al Parlamento que la negociación no se alargue más de lo necesario.