El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalitat que "sin excusa alguna garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación, contra el coronavirus, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Catalunya".
La Sala atiende así a la medida cautelar solicitada por las asociaciones profesionales Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (JUPOL) y la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (JUCIL) y las recomendaciones de la Fiscalía que apreciaba una "clara e injustificada situación de discriminación" entre los funcionarios policiales del Estado y los Mossos d'Esquadra.
Ante esta circunstancia, el Gobierno de España ya se había comprometido a asumir la vacunación de los agentes desplazados en la comunidad autónoma catalana por los "retrasos en su inmunización".
Misma proporción de vacunas
El TSJC además insta al Departament de Salut de la Generalitat a que, "en un plazo máximo de diez días la vacunación del colectivo aludido deberá haber alcanzado la misma proporción que en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra".
El tribunal obliga a Salut "en un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización del plazo de diez días señalado anteriormente, a informar del estado de ejecución de la medida cautelar".
El auto se ha notificado personalmente a la consejera de Salud, Alba Vergés i Bosch, con la advertencia de que "en un plazo máximo de cinco días deberá comunicar el cargo y datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial". De no hacerlo, el Tribunal considerará responsable a la titular del Departament de Salut.
La Generalitat se defiende
Los jueces han impuesto las costas del procedimiento a la Generalitat de Cataluña que se ha defendido de las acusaciones de "discriminación". El Govern ha alegado que la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil está parada, como la del resto de grupos esenciales, debido a los criterios del suero de AstraZeneca, que sólo puede administrarse a personas de entre 60 y 69 años.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, después de conocer la decisión del TSJC.
La portavoz del Ejecutivo catalán ha rechazado que hayan "discriminado" a estos policías, tal como sostiene la Fiscalía, y ha explicado que la campaña de vacunación de este colectivo comenzó posteriormente a la de los Mossos porque dispusieron de sus datos "más tarde".
Según la Consellería de Salud, el 80,3 % de los efectivos de Mossos d'Esquadra, el 79,1 % de la Guardia Urbana de Barcelona y el 71,2 % de las policías locales ya están vacunados, frente al 9,9 % de policías nacionales y el 6,3 % de guardias civiles, cifras que deberán igualarse en diez días, según el tribunal.