El feminismo llega al Día Internacional de la Mujer con algunos vientos soplando en su contra: una pandemia que restringe e incluso prohíbe las movilizaciones en las calles, un clima de tensión política nada favorable y una división interna a cuenta de la 'ley trans' que dispersa aún más la celebración de una cita "descentralizada". Lograr que las causas que se defienden puedan relucir entre el ruido y la discordia, y sin la fuerza de la unión física, parece ser el gran reto al que se enfrenta el movimiento este 8M.
El Gobierno ha pedido que este año se celebre y reivindique el feminismo "con voz alta y con voz clara", pero ha insistido en que se haga con prudencia e imaginación para no poner en riesgo la seguridad y la salud de los ciudadanos cuando la COVID-19 sigue cobrándose vidas.
En Madrid, donde habitualmente se viven las manifestaciones más multitudinarias, no habrá esta vez ningún tipo de movilización grupal tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de mantener la prohibición de las convocatorias que ordenó el pasado jueves la Delegación del Gobierno, algo que la comisión del 8M ha calificado como un "ataque a las mujeres".
En otros puntos de España como Cataluña, Valencia, Navarra o Castilla y León sí se permitirán las concentraciones que cumplan con las medidas sanitarias para prevenir contagios, aunque serán, por ese preciso motivo, menos masivas que otros años.
Además de esos encuentros autorizados, de algún pasacalles musical y varios homenajes presenciales, abundarán este año las reivindicaciones telemáticas y los balcones "vestidos" de violeta, a la manera que ha enseñado la pandemia a lo largo del último año. El 8M se ha visto obligado a reinventarse esta vez para defender los derechos de las mujeres en un momento especialmente necesario, con una crisis de gran calibre que profundiza las desigualdades de género.
Un mal clima por la situación sanitaria y las discrepancias políticas
Será la segunda vez consecutiva que la pandemia de COVID-19 marque el 8M, después de que el pasado año se celebraran numerosas marchas feministas pocos días antes de que fuera decretado el primer estado de alarma por el coronavirus y algunos partidos cargaran contra el Gobierno por considerar que debía haberlas impedido.
Aquellas acusaciones, que terminaron trasladándose al ámbito judicial, se han repetido en los últimos días dentro de un escenario distinto.
Entre las críticas más sonadas de la nueva polémica que rodea al 8M están las que lanzó la pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien censuró que este 2021 se quisiera repetir lo ocurrido un año antes, cuando, el Día de la Mujer “se convirtió en el día de la mujer contagiada”, unas palabras que, según la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, “desacreditan a quienes las pronuncian, no a las mujeres”.
Dentro del Ejecutivo la primera postura sobre el 8M la expresó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien pronunció un claro “no ha lugar” para referirse a la posibilidad de que se celebraran manifestaciones en las calles en este día. Esa declaración ha sido posteriormente reiterada por parte del Ejecutivo, con otras palabras, y ha guiado también el posicionamiento del Ministerio de Igualdad, que aseguró de inmediato que seguirá las recomendaciones de Sanidad.
No obstante, ministra Irene Montero ha denunciado que se está dando una "criminalización" del movimiento feminista y ha lamentado que haya quienes quieren "negar" la calle a las mujeres.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido que la prohibición de movilizacones en Madrid obedece a los datos epidemiológicos de la región y asegura que el asunto no va de "estar en un lado o en otro" porque no hay "ningún ánimo" en el Ejecutivo "de estar en contra de la gran contestación que la sociedad tiene que dar el 8 de marzo".
Y, mientras los partidos de izquierda han estado midiendo sus posturas respecto al debate, Ciudadanos ha respaldado las recomendaciones de Sanidad instando a la "prudencia" y el PP madrileño ha abogado por evitar por completo las reivindicaciones en las calles, como finalmente se ha impuesto en esa región por la vía de la prohibición.
Desde Vox han tratado de ningunear la lucha feminista pidiendo que el 8 de marzo se convierta en el Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus por considerar que fue en esa fecha cuando el Gobierno de Pedro Sánchez “incentivó” la participación en las marchas del 8M “ignorando la salud”. No obstante, la formación no ha visto con buenos ojos que se impidan las movilizaciones en Madrid ese día porque defienden, dicen, el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Concentraciones prohibidas en Madrid
Esa prohibición de celebrar marchas o concentraciones en las calles de Madrid, refrendada por la Justicia, rompió el pasado jueves los planes en los que trabajaban desde hacía semanas las organizaciones feministas de la Comunidad, que se habían ajustado al primer límite establecido por la Delegación del Gobierno, de 500 personas como máximo, y prometían el cumplimiento de las medidas sanitarias.
La Delegación analizó recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración de los 104 actos en la calle comunicados para esos dos días -el 70 % vinculados a las celebraciones del Día de la Mujer- y decidió impedirlos "por motivos de salud pública".
Había dos convocatorias centrales, una organizada por la Comisión 8M (impulsora de las multitudinarias manifestaciones de los últimos años), que había convocado para este lunes cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de la capital, y otra anunciada por Movimiento feminista de Madrid, que también había organizado varios actos, entre los que destacaba uno con aforo limitado a 200 personas en la plaza de Callao.
Ambas organizaciones, distanciadas este año por sus discrepancias en torno a la 'ley trans', han coincidido en rechazar el freno a las concentraciones en las calles y lo consideran un "ataque" directo a las mujeres.
"Salimos durante los meses más duros de confinamiento a cuidar de nuestras vecinas, salimos a trabajar, salimos a consumir, pero quieren prohibirnos salir a protestar. El movimiento feminista estará el 8 de marzo", han advertido desde la Comisión 8M, mientras el Movimiento Feminista anunció la pasada semana que recurriría la prohibición en los tribunales y el Sindicato de Estudiantes calificó la medida de "antidemocrática y autoritaria".
Balcones engalanados, homenajes, pasacalles y acciones 'online'
Ninguna otra delegación del Gobierno ha tomado una decisión similar a la de Madrid y el mapa del actos ligados al 8M deja una imagen bastante desigual en toda España.
Algunas de las comunidades donde habrá mayor número de concentraciones son Andalucía, donde hay 92 concentraciones comunicadas; Castilla y León, con 22 concentraciones previstas; Asturias, donde hay 16 convocadas, así como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde se han programado 12 .
En Barcelona destaca una concentración "estática" convocada por la plataforma Vaga Feminsta (Huelga Feminista) que ofrece un total de 3.500 plazas, mientras que en Baleares, el Moviment Feminista de Mallorca ha decidido evitar los actos en la calle tras "muchas dudas". En otras comunidades destacan las propuestas 'online' y las acciones en espacios privados, como es el caso de País Vasco, que solo acogerá tres manifestaciones y ha programado para compensarlo algunas conferencias virtuales, cursos y charlas.
Entre las acciones más creativas que se llevarán a cabo por todo el país se encuentran el homenaje en apoyo a las trabajadoras esenciales desde balcones y ventanas de la Comunidad Valenciana; una exposición fotográfica elaborada por residentes de centros de mayores sober las tareas del hogar en lprovincia de Lugo, y un pasacalles protagonizado por un grupo de percusionistas que recorrerá Santander después de que un día antes se disfrutara de una original ruta en bicicleta por esa misma ciudad.
También habrá una "Cadena humana por la Igualdad" en Gran Canaria y multitud de balcones engalanados en toda España.
División en el feminismo por la ‘ley trans’
Desde las organizaciones feministas han querido dejar claro que la pandemia no parará las reivindicaciones y que la voz de las mujeres resonará desde todos los rincones. La unión, aunque sea con mayor distancia, seguirá haciendo la fuerza este 8M, pese a división que refleja el movimiento feminista en cuanto a las demandas del colectivo 'trans'.
De hecho, las dos convocatorias de mayor peso que se habían programado en Madrid fueron organizadas y presentadas de manera separada esta vez debido a esa diferencia de posturas respecto a la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género, asuntos que están en la raíz de la ‘ley trans’ que aspira a impulsar el Ministerio de Igualdad.
Desde la Comisión 8M han dejado claro en las últimas semanas que entre las organizaciones que forman la comisión siempre ha habido consenso sobre los derechos de las transexuales y consideran que cualquier asociación que se llame feminista y que ataque a los derechos humanos de estas personas no entra en su relato.
Sin embargo, del '8M movimiento feminista de Madrid' forman parte organizaciones contrarias a la aprobación de la ‘ley trans’ que consideran que el texto de esa norma supone un retroceso en la lucha por la igualdad. No obstante, desde esta última plataforma han recalcado que hay "unidad de acción" y que el feminismo “tiene músculo" porque las mujeres están ahora “más unidas que nunca”.
Esas dos sensibilidades también se reflejan dentro del Gobierno de coalición, donde los partidos que lo forman han discrepado abiertamente sobre las cuestiones de fondo vinculadas a la ‘ley trans’. La parte socialista no ha avalado el borrador de la norma que presentó Unidas Podemos y la vicepresidenta Carmen Calvo expresó, incluso, su preocupación sobre las consecuencias de establecer la autodeterminación del género por el hecho de ofrecer la posibilidad de elección “sin más que la mera voluntad o el deseo”.
La formación morada defiende, en cambio, que la ley permita el cambio de sexo en el registro civil a partir de los 16 años cuando haya una declaración expresa y sin que sea necesario ni un informe médico ni un tratamiento hormonal.
Este asunto también ha generado un gran malestar dentro del colectivo de personas transexuales. Algunas organizaciones han pedido a Podemos y al resto de partidos en el Congreso que permitieron la investidura de Pedro Sánchez que registren este texto como proposición de ley para su tramitación en la Cámara y han puesto como límite el 18 de marzo. De lo contrario, comenzarán, dicen, una huelga de hambre.