La Comisión de Salud Pública ha propuesto que se posponga la vacunación del personal sanitario y de colectivos con función esencial en la sociedad, como policías, bomberos y docentes, menores de 55 años que han superado el coronavirus, hasta que se cumplan los seis meses desde que fueron diagnosticados. Esta medida se aplicaría también a las personas dentro de este rango de edad que han recibido la primera dosis y se han infectado mientras estaban a la espera de la segunda.
Así lo establece en la Actualización 3 Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España que ha publicado el Ministerio de Sanidad, un documento que presumiblemente será consensuado este miércoles entre la ministra Carolina Darias y las comunidades autónomas, en el Consejo Interterritorial.
El texto además aconseja que las personas con inmunodepresión grave -incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico-, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves no reciban la vacuna de AstraZeneca.
Las personas con estas patologías y aquellas mayores de 56 años "se vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo", con la vacuna más indicada "en función de la disponibilidad de vacunas y la nueva evidencia disponible".
El informe detalla que en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca valorados para su autorización no incluyeron personas con este tipo de enfermedades, ni tampoco a embarazadas. Es el mismo argumento para recomendarla a las personas de entre 18 y 55 años, ya que los ensayos no estudiaron a voluntarios más mayores y por eso no se dispone de datos sobre ellos.
Grupos 6 y 3B de prioridad
El fármaco de AstraZeneca sí se administrará, tal y como decidió el martes la Comisión de Salud Pública, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos; miembros de las Fuerzas Armadas y docentes, incluidos todos ellos en el grupo 6 de prioridad de la vacunación.
También los del grupo 3B, compuesto por el personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2, y al personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.
En este último también está incluido el personal de servicios de inspección sanitaria , medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas. Así como los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica y trabajadores de instituciones penitenciarias.
El documento recuerda los grupos para los que están aconsejadas las otras dos vacunas disponibles en España: la de Pfizer/BioNTech y de Moderna, que tienen "características similares" y que se están administrando en residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes (grupo 1). También en personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (grupo 2) otro personal sanitario y sociosanitario (grupo 3) y grandes dependientes no institucionalizados (grupo 4).
Además, Sanidad ha establecido que tras ellos, serán las personas de 80 años en adelante (grupo 6) las que las reciban, ya en la segunda etapa de la campaña. Posteriormente, y a medida que se vaya disponiendo de vacunas se incluirán otros grupos "comenzando por las personas entre 70 y 79 años", indica el documento.
Y en cuanto a la vacunación del personal sanitario de primera línea (grupo 2), del otro personal sanitario y sociosanitario (grupo 3) y de los colectivos con función esencial para la sociedad (grupo 6) sin condiciones de riesgo que han pasado el coronavirus recomienda por el momento posponer la vacunación seis meses desde que fueron diagnosticados.
Mayores de 55 años o de riesgo en estos grupos
Para las personas de hasta 55 años de estos colectivos sin condiciones de riesgo, con diagnóstico de infección tras recibir la primera dosis de la vacuna de cualquiera de las tres disponibles actualmente también aconseja posponer la segunda dosis seis meses después del diagnóstico. En las personas con más de 55 años o con factores de riesgo "se actuará igual que en aquellas sin antecedentes de COVID".
La comisión no recomienda pruebas serológicas antes de la vacunación y sostiene que estas recomendaciones son "provisionales, y podrían modificarse más adelante en función de las nuevas evidencias".
En cuanto a la eficacia de las vacunas disponibles frente a las nuevas variantes del virus, el documento subraya que "hasta la fecha los datos de laboratorio apuntan" a que "inducen respuestas de anticuerpos que mantienen su capacidad neutralizante".
Vacunación si no hay acuerdo entre tutores legales
La Comisión de Salud Pública también recomienda que en el caso de personas en residencias y de grandes dependientes con varios tutores legales que no lleguen a un acuerdo en cuanto a la vacunación COVID, prevalezca la "ciencia" y se las vacune, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.
Asimismo, indica que si por motivos de desabastecimiento o similares, se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado, "no se invalida la dosis puesta" porque "dosis puesta dosis que cuenta", afirma. En estos casos, precisa, se pondrá cuanto antes tras el día recomendado de la segunda dosis, que en el caso de la vacuna de Pfizer son 21 días; 28 días, en la de Moderna; y entre 10 y 12 semanas, en la de AstraZeneca. En todo caso, las dosis deberán ser de la misma vacuna.
Además, a las personas desplazadas a otras comunidades y aquellas extranjeras residentes en España que han recibido la primera dosis en una autonomía distinta a la que residen en el momento de que se les tenga que administrar la segunda, se les pondrá "en el lugar donde se encuentren desplazadas o residiendo".
Recuerda el documento que la vacunación frente al coronavirus "no es obligatoria" pero como ya indicaba en una anterior actualización, es "importante" registrar los casos de rechazo, "con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población".