Alma Bracho participó en el equipo de Fisabio que en marzo secuenció los primeros genomas del coronavirus en España. Y continúa haciéndolo para identificar las nuevas variantes. Lleva 25 años investigado y su contrato sigue siendo temporal. “Esto quiere decir que a los tres años pasan 6 meses en el paro y luego te vuelven a contratar”. Explica que se rigen por el convenio laboral de oficinas y despachos. “No se ajusta en absoluto a nuestras características profesionales. No tenemos pagas extras, no tenemos antigüedad, ni complementos de productividad científica y los sueldos son realmente bajos”, relata Bracho.
Trabajadores en fraude de ley más de una década
Una inspección de trabajo reconoció en marzo de 2020 a través de un informe “(…) que Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica de la Comunitat Valenciana, ha venido utilizando de forma fraudulenta la contratación temporal para mantener una plantilla de trabajadores necesarios para el desempeño de tareas permanentes de la Fundación para el cumplimiento de sus cometidos […]”. Muchos trabajadores presentaron demandas en los tribunales pero lamentan que, aunque en determinados casos se les ha reconocido su situación de indefinidos fijos, Fisabio ha recurrido estas sentencias, lo que les ha obligado a someterse a un nuevo proceso selectivo.
“Los investigadores terminarán por irse del país“
“Ya que se trata de una situación excepcional con trabajadores en fraude de ley de más de una década, la solución pasa por una ley de punto y final y un proceso de estabilización en base a toda esa experiencia y los méritos del personal investigador, sin pasar por una oferta pública de empleo adicional a la que ya superaron” explica Beatriz Chacartegui, abogada y técnica jurídica del área legal de Fisabio y miembro del Comité de Empresa. Indica que "dada la situación sanitaria actual, no parece razonable destinar recursos humanos y económicos a la celebración de estos injustos procesos selectivos. Tienen que paralizarse inmediatamente las OPE hasta que se dote de una forma jurídica más adecuada para regular esta situación de excepcionalidad porque, al final, el personal terminará por irse forzosamente de nuestro país".
La Conselleria de Sanitat, a la que se adscribe la Fundación Fisabio, afirma que se choca con las leyes en el sector público. Sin embargo, Chacartegui tacha esta situación como un presunto supuesto de discriminación con la consiguiente vulneración de derechos fundamentales. "No se está teniendo en cuenta que, a los trabajadores que están siendo declarados judicialmente en fraude de ley, se les exige que pasen por un complejo proceso selectivo por el que no ha pasado nunca el profesional que ya está indefinido en la entidad".
La lucha contra el coronavirus se libra desde la precariedad laboral en la ciencia
Pacto nacional por la ciencia
Según CCOO, el 80% del personal investigador en la Comunitat Valenciana tiene un contrato temporal. La cifra sube al 95% en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe. De 400 trabajadores, solo 18 son indefinidos, informan desde UGT. Un centro en el que también llevan a cabo proyectos para luchar contra la pandemia.
Asociaciones científicas denuncian que la falta de financiación, el exceso de burocracia o los sueldos mileuristas han provocado el abandono de la investigación. O la fuga de cerebros. El éxodo de personal investigador a otros países donde los españoles se sienten valorados. Son muchos los que abandonan sus proyectos. “Con 45 o 50 años continuar con contratos temporales no tiene ningún sentido” afirma Bracho.
“No somos un gasto, somos una inversión“
Piden un pacto nacional por la ciencia, que mejore estas condiciones laborales y que sobre todo aumente su peso en los presupuestos. Ahora supone un 1,24 por ciento del PIB, por debajo de la media europea. Aun así, los presupuestos valencianos de este año han destinado más de 100 millones de euros a la ciencia, un incremento del 67% con respecto al año pasado. “Nosotros no somos un gasto, somos una inversión”, concluye Bracho.