Mientras el proceso de vacunación contra el coronavirus avanza a menor velocidad de lo previsto también comienzan a plantearse algunas dudas legales al respecto. La principal es la posibilidad de que un familiar de una persona mayor incapacitada legalmente o sin capacidad de decisión se niegue a que le sea administrada la vacuna.
El primer caso se planteó hace unos días en Sevilla, cuando los familiares de un residente se negaron a firmar el consentimiento que envió a los centros el Servicio Andaluz de Salud, lo que llevó a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto con un mensaje claro: siempre que no exista alguna incompatibilidad o riesgo para la salud, el familiar o el tutor legal no se puede negar a que se administre la vacuna.
Sin embargo, deberá ser el juez, analizando caso por caso, el que determine si se puede rechazar o no la inoculación de la vacuna e incluso retirar la tutela legal del mayor o el dependiente.
Los juzagados decidirán sobre la vacunación de personas mayores incapacitadas legalmente
La vacuna, una cuestión voluntaria
Partiendo de la base de que una persona con plena capacidad puede negarse a ser vacunado, Norberto Sotomayor, fiscal de Sevilla delegado en asuntos de protección de mayores y con discapacidad, ha iniciado el procedimiento para que el juez determine si se puede administrar la vacuna pese a la negativa familiar en este caso y en otros que vayan surgiendo.
"Hay que analizar cada caso en concreto por si existe algún tipo de contraindicación para que la persona se pueda poner la vacuna. Y si no hay ningún tipo de incompatibilidad se puede acordar por parte del juzgado inyectar la vacuna aún en contra de los familiares o el tutor, en el caso de que la persona esté judicialmente incapacitada", afirmaba hace unos días el fiscal en una entrevista en La Hora de la 1.
Según Sotomayor, el tutor legal o el familiar "están en su derecho a negarse porque la vacuna es una cuestión de naturaleza voluntaria" pero en esta caso "nos encontramos con el problema de que está decidiendo sobre la vida y la salud de otra persona y ahí puede surgir un conflicto".
El fiscal se remite a la Ley de Autonomía del Paciente "donde existe la posibilidad, si entendemos que la decisión del familiar no es acertada, de intervenir judicialmente y ordenar la vacunación de forma forzosa".
Norberto Sotomayor recuerda casos similares, en este caso con menores, en los que los padres se han negado a que se les realice una transfusión o un tratamiento paliativo. "En el conflicto tiene que prevalecer siempre la salud de la persona", afirma, por lo que serán los peritos y, posteriormente, el juez quienes tengan la última palabra.
Pese a las reticencias de algunas personas a la vacunación ante los posibles efectos secundarios, Sotomayor no tiene dudas y cree que "en principio la vacuna es buena, está autorizada por las autoridades europeas, y los mayores que están en las residencias son el grupo de riesgo prioritario".
"Si un médico determina que por motivos científicos no es bueno ponerle la vacuna, no se hará, pero si no hay obstáculos, la decisión del hijo no puede perjudicar la salud del padre", añade el fiscal.
Una familia se niega a que vacunen a su padre de la Covid
Vacunación obligatoria previa autorización judicial
"Una persona con plenas capacidades puede negarse a ser vacunado", asegura a RTVE.es Alba García-Dinas, abogada del bufete Prolegue y experta en Derecho Civil, quien recuerda que, pese a ello, la legislación -Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública- determina que la vacunación podría ser obligatoria "previa autorización judicial" y en casos excepcionales, como crisis sanitarias y pandemias como la actual.
En este caso que se plantea la letrada considera que, "si un tutor nombrado judicialmente se niega a que su familiar sea vacunado, ni la residencia ni el médico en cuestión pueden obligar o vacunar por decisión propia a la persona" por lo que, llegado el caso, debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía "para que sea el juez quien decida sobre la obligatoriedad o no".
Para evitar el procedimiento judicial, García-Dinas coincide con el fiscal Sotomayor en que "hay que probar que la vacuna puede ser perjudicial para esa persona, ya que a priori se ha demostrado que la vacuna es buena".
Los prejuicios hacia la vacunación no deben ser, según los expertos, un obstáculo para la vacunación de una persona incapacitada. "Estamos en una situación de pandemia mundial, es un riesgo generalizado, de modo que una ideología no puede sobrepasar la protección al derecho a la salud de otras personas", asegura a TVE Gabriel González Tirado, experto en Derecho sanitario.
¿Se puede perder la tutela?
Una de las cuestiones más espinosas de este asunto es si puede conllevar consecuencias penales para el tutor o el familiar que se niegue a la inoculación de la vacuna.
Según afirma Norberto Sotomayor, si existe "una negativa injustificada" por parte del tutor puede suponer también "un incumplimiento de las obligaciones tutelares" y llevar a la investigación de la autoridad judicial.
Esto podría acarrear incluso la retirada de la tutela: "Si el tutor está representando a la persona mal, en contra de los criterios médicos, a lo mejor no está actuando correctamente y podría llegar a cambiarse la persona que toma las decisiones", concluye el fiscal.
Aunque el de Sevilla es, por ahora, el primer caso que se ha hecho público, la Fiscalía de Sevilla asegura que tiene sospechas de que se podrían haber planteado otros similares. A ello hay que sumar polémicas como la que tuvo lugar la pasada semana en el centro de día Aiton-Etxe de Oiartzun (Guipúzcoa), cuya dirección se negó a administrar la vacuna a sus usuarios.
La Diputación Foral, tras reunirse con los familiares de los mayores a los que el centro presta servicio, ha garantizado las dosis correspondientes para los usuarios que lo deseen y estudia medidas ante la actitud de los responsables.