La justicia ha rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento en el Lleida y siete municipios del Segrià al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.
Así lo ha acordado esta madrugada la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, a petición de la Fiscalía, en un auto que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en el que también advierte de que la Generalitat se basó en un informe con "expresiones genéricas" para solicitar la autorización judicial de una medida que ve "indiscriminada" y "desproporcionada".
Según la juez, la resolución aprobada este domingo por la Generalitat "parece una copia" del decreto del estado de alarma de marzo pasado, aunque de forma ilimitada en el tiempo, lo que "agrava todavía más" su contenido y consecuencias, con la que entiende que el Govern busca "eludir" la aplicación de este precepto constitucional, que es "una competencia estatal" que se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados.
La Generalitat dictó una orden el domingo para que a partir de la medianoche, los casi 160.000 ciudadanos de la ciudad de Lleida y otras siete localidades de la zona -Alcarràs, Serós, Soses, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las unidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat-, no salieran de sus casas salvo para actividades esenciales.
Cordón sanitario, pero no confinamiento total ilimitado
La Generalitat había planteado este confinamiento recurriendo a la Ley de medidas especiales en materia de salud pública, pero la Fiscalía Provincial de Lleida, antes de la medianoche, publicó un escrito en el que lo consideraba “inaceptable” por la gravedad de las medidas, su impacto en los derechos de los ciudadanos y sus consecuencias “de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas”.
“Lo que se propone ahora excede ampliamente una simple limitación de los movimientos e incide gravemente en los derechos reconocidos constitucionalmente”, argumentó la Fiscalía, que reconoció que sería “asumible” utilizar la citada ley para ordenar un “cordón sanitario” o confinamiento perimetral.
La resolución de la Generalitat, criticaba el fiscal, es además “ilimitada en el tiempo”. Por ello, en su escrito aduce los mecanismos de garantía que contempla el decreto de estado de alarma, con la necesidad de ser aprobado en el Congreso y con prórrogas cada 15 días.
Los anteriores confinamientos perimetrales del Segrià y de la Conca d’Òdena suponían la “restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales” lo que entrañaba un menor daño “a los derechos fundamentales de lo que ahora se pretende”, reza el documento del fiscal, que señala que la nueva resolución del gobierno catalán “parece una copia del decreto de estado de alarma”.
Unas 300 personas se concentraron ya este domingo por la noche ante los Servicios Territoriales de Salud en Lleida, en protesta por el confinamiento anunciado el mismo día. Los concentrados pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del alcalde de Lleida, Miquel Puyo, y también corearon 'Torra, Torra, Torra, confina Barcelona'.