La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la aprobación del ingreso mínimo vital y el gasto sanitario para afrontar la pandemia del coronavirus sumarán dos décimas de Producto Interior Bruto (PIB) al déficit público, el cual deberá mantenerse "a cero" durante la próxima década para poder recuperar los niveles de deuda pública registrados antes de la crisis, en el entorno del 95 %.
Así lo ha reconocido su presidenta, Cristina Herrero, ante la Comisión de Hacienda del Congreso, a la que ha acudido para evaluar el impacto de esta crisis y las medidas adoptadas por las administraciones para hacerle frente.
La institución, que sitúa la previsión de déficit público en 2020 en una horquilla de entre el 10,9 % y el 13,8 % del PIB, en función de la evolución de la pandemia, prevé que una de las dos décimas de subida corresponda a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, un gasto estructural cuyo coste dependerá del entorno económico y para el que Herrero ha pedido diseñar bien sus características, y la otra al gasto sanitario, que ha sido superior al que se estimaba el organismo en un principio.
La AIReF no ha modificado por el momento sus previsiones macroeconómicas para ajustarlas a las medidas adicionales de las últimas semanas, como la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sin embargo, Herrero ha advertido de que "podría acabar haciéndolo", principalmente para incorporar aspectos positivos como la modificación de los ERTE -que acercan el fin de esta medida a la reanudación de la actividad- o las medidas adoptadas en la Unión Europea.
Por lo que respecta a la evolución de la recaudación, la AIReF prevé que el impacto de la situación macroeconómica, excluidas las medidas adoptadas, reduzca en un 5,9 % los ingresos tributarios en el escenario más benigno, ya que la recaudación del IRPF se reduciría un 6,6 % y el IVA, alrededor del 10 %.
En este sentido, Herrero tampoco ha modificado las previsiones de recaudación recogidas en el informe ya que los datos de ejecución presupuestaria están distorsionados por los aplazamientos y moratorias puestos en marcha para frenar los efectos de la pandemia.
Una década a 'déficit cero' para recuperar niveles precrisis
Herrero también ha advertido de que únicamente será posible recuperar niveles de deuda pública registrados alcanzados antes de la crisis del coronavirus, en el entorno del 95% del PIB, si se consigue un equilibrio presupuestario de 'déficit cero' durante toda una década.
La presidenta ha mostrado una simulación proyectada por la AIReF que prevé que para estabilizar en 2030 la ratio de deuda será necesario recuperar este equilibrio a lo largo de esta década y mantenerlo durante diez años para "digerir enteramente" las consecuencias de esta crisis, algo que no se prevé antes de 2038. Ni siquiera alargando otros diez años más este 'déficit cero' sería posible alcanzar el límite de referencia del 60% del PIB.
En este escenario, Herrero ha insistido en la conveniencia de recurrir a la "cláusula de escape" prevista en la Ley de Estabilidad, que incluye la necesidad de elaborar un plan de reequilibrio, una "hoja de ruta" que debería contar con el mayor consenso posible por las fuerzas políticas.
En este plan, la AIReF pide incluir toda medida permanente que se apruebe, como el nuevo ingreso mínimo vital -la más relevante y permanente aprobada tras la crisis, ha dicho-, para las cuales pide una "planificación adecuada", así como de toda medida que genere deuda. En este sentido, ha asegurado que el organismo ha iniciado una monitorización mensual de estas medidas para evaluar el impacto pero no sólo en consideraciones macroeconómicas, sino también en su eficacia, para lo cual ha pedido "prestar atención al diseño" de estas medidas.
Posible expediente por no ajustar la deuda
Respecto a la evaluación del programa de estabilidad, Herrero ha indicado que la Comisión Europea no ha remitido ningún requisito presupuestario, más allá de pedir "posiciones fiscales prudentes a medio plazo para garantizar la estabilidad" pero "cuando las condiciones lo permiten".
Eso sí, ha señalado que detecta una "desviación significativa" en el cumplimiento de la senda, pues a España se le exigía ajustes estructurales en el crecimiento del gasto, la deuda y el déficit y que se ha constatado la inexistencia de este ajuste en 2019, así como un incumplimiento de la regla de deuda.
Si bien ha señalado que la Comisión no ve "conveniente" la apertura de un procedimiento disciplinario por el incumplimiento de la regla de deuda, "no se ha pronunciado sobre el incumplimiento del ajuste estructural", por lo que "lo ha dejado en suspenso".