La tendencia a la baja de la epidemia de coronavirus en España continúa, a pesar del ligero repunte de este martes. Si se mantiene esta evolución positiva durante los próximos días, las estrictas medidas impuestas en el estado de alarma por crisis sanitaria comenzarán a relajarse progresivamente, dentro de una fase que se prevé larga y en la que la detección precoz y el aislamiento se antojan como dos de las herramientas más eficaces.
En este escenario de transición, conocido como "de desescalada", el Gobierno estudia habilitar espacios como hoteles, residencias de estudiantes y recintos públicos donde poner en cuarentena a los pacientes que den positivo pero sean asintómaticos o muestren síntomas leves.
Las autoridades sanitarias sospechan que los infectados asintomáticos son la principal causa de propagación del virus, y por ello confían en la efectividad de estos lugares conocidos como "arcas de Noé", que ya se utilizaron con éxito en China.
Históricamente, a los espacios que han cumplido con esta misión de cortafuegos de la enfermedad se les ha llamado "lazaretos", y se llevan utilizando durante siglos para combatir epidemias. Se han empleado contra patologías infecciosas como la lepra (de ahí su nombre, ya que era conocida como "mal de San Lázaro"), la tuberculosis o la fiebre amarilla, y se solían instalar cerca de los puertos de las ciudades para poner en cuarentena a las personas procedentes de lugares contaminados o sospechosos de estarlo. En España, eran célebres los ubicados en Mahón y en la isla de San Simón, en la Ría de Vigo.
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Dilema jurídico
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha limitado a avanzar que las personas "que así lo soliciten" ingresarían en estos espacios de confinamiento para pasar la cuarentena, "porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones". Un claro ejemplo han sido los numerosos sanitarios que se han aislado voluntariamente en hoteles durante la pandemia como medida de precaución, para evitar contagiar a los familiares con los que conviven.
Pero el dilema jurídico llegaría cuando un positivo asintomático no quiera confinarse en un espacio público, porque las autoridades tienen la obligación de evitar que contagie al resto de la sociedad. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que, en este caso, prevalecerá la obligación de las administraciones de garantizar la protección de los ciudadanos, aunque "esa obligación" se hará siempre "respetando el ordenamiento jurídico".
Campo ha recordado que el propio Código Penal contempla como delito el cometido por quien voluntariamente contagia a otras personas. "Si no se quiere confinar, el debate está abierto, y tendremos que establecer cómo actuar justificándolo y con criterios de proporcionalidad, se pedirán informes pertinentes y se actuará", ha explicado.
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Caso por caso
¿Se podría, entonces, obligar a los pacientes asintomáticos que se nieguen? Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, ha respondido al Telediario de TVE que sí, pero ha aclarado que “debe hacerse con control judicial" y que "ahí puede estar uno de los problemas, si los números son los que nos tememos que puedan ser”. Arbós ha hecho así alusión a las estimaciones científicas que indican que los pacientes asintomáticos de COVID-19 se podrían contar por millones en España, lo que complicaría significativamente esta tarea de confinamiento por vía judicial.
En definitiva, un juez debería ratificar ese aislamiento en un espacio público, y no cabría un procedimiento colectivo, sino que habría que abordar caso por caso. Además, este tipo de medidas extraordinarias tendrían que tener un carácter temporal perfectamente definido, para que se extingan una vez que finalice la alerta sanitaria.
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Colaboración de las comunidades autónomas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó este domingo a las comunidades autónomas a que, antes de que finalice la semana, enumeren en un listado las infraestructuras que puedan acoger a personas a las que se les ha diagnosticado la COVID-19 pero son asintomáticas.
Siguiendo estas directrices, el Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades autónomas están identificando espacios para aislar fuera de sus domicilios a estos pacientes, una vez que ha concluido el reparto de la primera partida de test rápidos de anticuerpos, llamados a complementar a los test PCR en la ingente tarea de retratar la dimensión real del número de contagiados de coronavirus en España.
El Gobierno ha asegurado que, en caso de que finalmente apueste por estas "arcas de Noé", actuará "con criterios de proporcionalidad y ajustados al ordenamiento jurídico". En este sentido, Illa ha señalado que antes de tomar cualquier decisión se recabará la opinión de las comunidades autónomas, siempre "respetando los derechos y libertades" de una democracia como la española.