El proyecto de modificación de la ley de Educación (LOMLOE) presentado este martes por el Gobierno ha provocado disparidad de criterios en el seno de la comunidad educativa. Mientras muchos valoran que busque derogar los puntos más criticados de la LOMCE, otros creen que no tiene consenso y que trata de quitar peso a la concertada y a la asignatura de Religión.
Una vez aprobado el proyecto de la "ley Celaá", que ya pasó por este trámite hace un año coincidiendo con el adelanto electoral, UGT ha celebrado en un comunicado su intención de "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema". No obstante, se ha mostrado crítico respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5 % del PIB. El sindicato considera esta cantidad "insuficiente" porque debería llegar hasta el 7 %.
Desde CC.OO. , valoran que se vaya a derogar la LOMCE del PP, pero han pedido otorgar protagonismo al profesorado, recuperar la inversión en el sector y restablecer el carácter compensatorio de las becas y ayudas.
Por otra parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha reclamado reformas más profundas para asentar las bases de un sistema "más estable". "Esperamos que la nueva ley afronte de manera decidida y de una vez por todas las necesarias modificaciones que necesita la Inspección", ha comentado.
Además, ONG como Save The Children han pedido "mayor ambición" en la reforma educativa "para evitar escuelas gueto y acabar con el cobro de cuotas ilegales" y la Plataforma de Infancia ha aplaudido "la perspectiva" de infancia de la nueva ley educativa y ha pedido "más valentía" en temas de equidad educativa.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), una reforma elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá, que ya fue aprobada hace un año y que quedó truncada por el adelanto electoral. El texto, que tendrá que someterse a debate parlamentario, apuesta por acabar con la "segregación del alumnado" que, a juicio del Gobierno de coalición, realiza la vigente LOMCE.
CSIF reclama el contrato de 26.6000 docentes
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que, para empezar a "negociar" la nueva reforma educativa que plantea ahora el Gobierno, hay que plantearse una estrategia que vaya "a los problemas estructurales de nuestro modelo" por encima de criterios ideológicos. De entrada, reclama la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que se arrastra durante los últimos diez años.
Para la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES), se debe asegurar una "estabilidad a largo plazo" gracias a un acuerdo amplio de la comunidad educativa y se debe defender la escuela pública "como garantía del derecho a la educación".
Asimismo, quieren que la educación afectivo-sexual sea uno de los pilares fundamentales del sistema educativo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y potenciar la orientación escolar en todas las etapas, especialmente en Primaria para actuar sobre su paso a Secundaria.
Preocupación por la "falta de consenso" político
Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la concertada y privada, ha manifestado su decepción al considerar que esta nueva ley no tendrá el respaldo de la mayoría social y política y que "durará lo que dure este Gobierno".
"Es una ley que vuelve a recrearse en polemizar respecto a temas como la enseñanza concertada, la libertad de elección de los padres, la asignatura de religión o la enseñanza diferenciada, como si estos fueran en algún caso los problemas que tiene el sistema educativo", ha criticado FSIE.
Escuelas Católicas ha mostrado su "preocupación" ante una ley que "nace sin consenso y limita los derechos de centros y familias". Además, considera "un error tratar a la concertada como subsidiaria de la pública".
Para USO la LOMLOE debe incluir la reducción de la carga lectiva "como factor de calidad esencial en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos".