La mayoría independentista ha aprobado este jueves en el pleno del Parlament varias propuestas de resolución que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional; reclaman una ley de amnistía en caso de que se condene a los políticos juzgados por el ‘procés’ y piden la retirada de los efectivos de la Guardia Civil de Cataluña. El Gobierno ya ha comunicado que está estudiando el contenido de dichas resoluciones para impugnarlas.
En una de las propuestas de resolución votadas durante el bronco debate de política general del Parlament se afirma "la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".
El texto aprobado reafirma la validez del contenido de la resolución 1/XI del 2016 -anulada por el TC-, así como la resolución 534/XII de 2019 en las que se expresa "el carácter plenamente soberano" del Parlament, a la vez que rechaza "las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo".
En esta resolución, impulsada por la CUP y aprobada por 67 votos a favor (los de los tres grupos independentistas), se insta a negociar "un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos".
Aprueba reclamar una "amnistía" si hay condenas
Además, el Parlament ha aprobado una resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP que defiende una respuesta institucional a la sentencia del 'procés'que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.
Las tres fuerzas independentistas han sumado sus votos para alcanzar la mayoría absoluta -68 diputados en total, con la abstención de los comunes y el 'no' de Cs, PSC y PPC- en favor de la autodeterminación y de una amnistía si los líderes del 'procés' son condenados.
Con esta resolución el Parlament se compromete a que, si la sentencia del Tribunal Supremo es condenatoria, buscará "soluciones para conseguir la libertad" de los condenados "a través de la aplicación de una amnistía".
Además, el Parlament "se conjura para liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, las libertades, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación y respeto de la democracia".
Ante una "eventual sentencia condenatoria injusta", el Parlament apoya también el "ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas".
El Gobierno impugnará las resoluciones
Con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament ha aprobado también una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.
"Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía", recoge el texto que ha prosperado en el Debate de Política General.
Horas después, el Gobierno ha comunicado que está estudiando el contenido de las resoluciones para impugnar y actuar jurídicamente contra las mismas.
"Ante las resoluciones aprobadas esta tarde por el Parlament de Cataluña, referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total, así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, queremos trasladar que el Gobierno está estudiando su contenido para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones", han señalado Moncloa en un comunicado.