El barco de la ONG Proactiva Open Arms ha rescatado esta madrugada a otros 69 migrantes en aguas del Mediterráneo, que se suman a los 55 que fueron socorridas por la embarcación este jueves, por lo que ya son 124 los migrantes que viajan a bordo de la embarcación, que busca un puerto seguro donde puedan desembarcar.
Los refugiados, que viajaban a bordo de una barca neumática, tienen "signos inequívocos de la violencia sufrida en Libia", según señala Óscar Camps en su tuit y entre ellos hay dos niños y dos mujeres embarazadas, "una de ellas de nueve meses con contracciones".
Entre las personas rescatadas el jueves hay también 16 mujeres y dos bebés mellizos de nueve meses: viajaban en una barca a la deriva que tenía una vía de agua abierta por lo que difícilmente hubieran podido llegar a a salvo a las costas europeas, como narró la corresponsal de TVE a bordo de la embarcación, Yolanda Álvarez. Desde la ONG aseguran que estos migrantes han sido "comprados y vendidos como esclavos, torturados y abusados sexualmente".
Ahora el Open Arms espera la autorización para desembarcar a estas personas, habida cuenta de que los países europeos más cercanos, Malta e Italia, han rechazado la llegada de los barcos de las ONG.
Italia mantiene sus puertos cerrados
El gobierno italiano ya ha comunicado la prohibición de que la embarcación entre o navegue en aguas territoriales del país. "Sobre nuestras cabezas una multa de 50.000 euros si entramos en aguas italianas y encautamiento del Open Arms, a sumar a las amenazas del gobierno español", ha informado Camps la ONG, en su cuenta de Twitter.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que mantiene una política de puertos cerrados a ONG con migrantes rescatados a bordo, es el impulsor de un decreto ley que prevé multas de entre 10.000 y 50.000 euros a las ONG que entren, transiten o atraquen en aguas territoriales italianas.
En paralelo, las autoridades españolas han prohibido al Open Arms retomar la búsqueda activa de pateras (barcazas) en peligro, limitando su actividad, y el 4 de julio la Marina Mercante notificó a la ONG que afrontaría multas de hasta 900.000 euros si quebrantaba esa disposición.
El Gobierno pide que se atenga a la legalidad
En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido al Gobierno español que acoja a los refugiados que viajan a bordo del Open Arms, recuperando "el espíritu del Aquarius para garantizar que no sean devueltas a Libia, un país en guerra donde sus vidas correrían serio peligro".
En un comunicado, CEAR ha señalado que el ejecutivo español "no puede seguir mirando para otro lado y debe dar un paso al frente", sobre todo por el hecho de que el Open Arms tiene bandera española y después de que se desmarcara de un acuerdo alcanzado por ocho Estados de la UE para participar en un mecanismo temporal que permita el desembarco seguro y posterior reubicación".
Esos países son Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Finlandia, Lituania, Croacia e Irlanda.
A preguntas de los periodistas, la portavoz del Gobierno español en funciones, Isabel Celáa, también se ha referido al asunto del Open Arms en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, pidiendo a la ONG que actúe "de acuerdo a los convenios internacionales y a la normativa nacional".
Celáa ha defendido "la sensibilidad extraordinaria del Gobierno" en esta materia y la labor de Salvamento Marítimo, que en lo que va de año ha rescatado a "más de 8.000 personas" en operaciones de inmigración irregular y que en 2018 asitió a "casi 50.000" en la zona de responsabilidad de búsqueda y de rescate en las zonas marítimas limítrofes.
Además del Open Arms, en Italia, frente a la isla de Lampedusa (sur), se encuentra actualmente la nave "Alan Kurdi" de la ONG alemana Sea Eye con 40 inmigrantes, entre ellos tres niños y una mujer embarazada, rescatados el domingo en el mar Mediterráneo.