La Comisión Europea (CE) ha propuesto formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en el que está España desde 2009 al bajar el déficit público del 3% en 2018. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario seguirá vigilando las cuentas del país, al que ha pedido más ajustes.
El vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha señalado por tres veces en la rueda de prensa que el país debe recortar unos 7.800 millones este año y una cantidad similar el que viene, en un esfuerzo estructural equivalente al 0,65% del PIB anual. De esta forma, el país debería reducir su déficit estructural en 15.600 millones de euros entre 2019 y 2020.
En el documento de recomendaciones publicado poco después, el Ejecutivo comunitario señala que España debe hacer un "ajuste estructural anual del 0,65% del PIB", pero lo limita al ejercicio 2020. "España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro", ha señalado Dombrovskis.
La Comisión Europea, pendiente de si esos esfuerzos se cumplen
"Desde 2019 España estará en el brazo preventivo, lo que significa que miraremos la evolución de la deuda y el cumplimiento del esfuerzo estructural requerido del 0,65% del PIB este año y el próximo", ha añadido Dombrovskis, quien ha advertido de que la Comisión seguirá de cerca "las medidas que aplique el próximo Gobierno" y que se revisará si se está cumpliendo con los socios en la primavera de 2020.
Según Bruselas, España no ha hecho esfuerzos estructurales en la reducción del déficit en los últimos años. El desfase de las cuentas públicas se ha reducido por la mejor evolución económica y no se han tomado medidas para cerrar la brecha estructural. De hecho, en sus previsiones primavera, la Comisión estimó que el déficit estructural se deteriorará este año y el que viene.
Ahora, la CE ha advertido a España de que existe un riesgo de que se desvíe de forma "significativa" del ajuste fiscal que le exige Bruselas en 2019 y 2020, así como de que incumpla las normas europeas que requieren reducir la deuda pública en ambos ejercicios.
Bruselas pide a España preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico, que son los que ahora pide Bruselas.
En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales". Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.
"Un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9%, parece adecuado", destaca el texto. Además, Bruselas señala que todos los ingresos extraordinarios deberían usarse en reducir "la ratio de deuda de las Administraciones Públicas" y pide al país "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones".
En este punto, el Ejecutivo comunitario destaca que "el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo".
El cierre definitivo del procedimiento será este mes
España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5% de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% marcado por Bruselas para ese ejercicio pero suficiente para abandonar este procedimiento, que durante la crisis se abrió a la mayoría de Estados de la Unión Europea, un total de 24, según ha recordado Moscovici.
"La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados", ha informado el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.
Para que el cierre sea efectivo, los Estados miembros deben dar su visto bueno, lo que podría ocurrir en la reunión de ministros de Economía y Finanzas del próximo 14 de junio. Cuando esto ocurra, España pondrá fin a una década bajo el brazo 'corrector' del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha mostrado este miércoles su "satisfacción" por la decisión comunitaria y ha señalado que al pasar al brazo preventivo hay que centrarse más en los ajustes estructurales que en los déficits nominales.