Las declaraciones de diez de los doce acusados en las seis primeras sesiones del juicio del 'procés' -solo faltan por comparecer el martes Jordi Cuixart y Carme Forcadell antes de empezar con los testigos- han puesto de relieve una constante de las defensas: todos dicen desconocer la supuesta hoja de ruta independentista plasmada en el documento Enfocats, incautado por la Guardia Civil en el registro del domicilio del ex número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, y que es una de las pruebas en las que se basa la Fiscalía para hablar de rebelión.
Este alegado desconocimiento se repite en los interrogatorios independientemente de cuál sea la estrategia de defensa del acusado. Tanto entre los que califican el juicio de "político" y aprovechan para hacer un alegato a favor del derecho de autodeterminación -como el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras- como entre los que argumentan que el objetivo del referéndum del 1-O nunca fue declarar la independencia, sino ayudarles a "negociar" con el Gobierno, como la exconsellera Dolors Bassa.
"Extravagante", "apócrifo", "estrambótico", "genérico" son solo algunos de los calificativos que han usado los acusados para restar valor al documento Enfocats. Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica encontrado en la casa de Jové en los registros del 20 de septiembre de 2017 junto a la agenda Moleskine sobre supuestas reuniones mantenidas entre miembros del Govern con líderes independentistas en 2015 y 2016. Un documento del que todos dicen haber oído por primera vez cuando fueron imputados y enviados a prisión.
Enfocats, según la Fiscalía, "contenía una exhaustiva guía del proceso a desarrollar" para lograr la independencia. En él se decía, expresamente, que esta se alcanzará "cuando haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional; se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún género de duda de acciones y calendarios".
Para la Fiscalía, que pide penas de 7 a 25 años de cárcel, esta es una de las pruebas de que los acusados diseñaron una estrategia coordinando la acción del Govern, el Parlament y las asociaciones independentistas como la ANC y Òmnium Cultural para conseguir la independencia utilizando todos los medios necesarios, incluida la "violencia necesaria" valiéndose de lo que define como "fuerza intimidatoria" de la "actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas".
Un documento que "no acierta ni una"
El primero en desacreditar Enfocats fue el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que lo calificó de "extravagante y apócrifo" y que aseguró que no conocía a nadie que hubiera oído hablar de él antes de que se incorporara a la causa. Sin embargo, el que más tiempo ha dedicado a desprestigiarlo ha sido el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, que ha asegurado que "no aguanta la más mínima prueba de contraste sobre la realidad".
Sànchez aprovechó el interrogatorio de su abogado tras responder a las acusaciones -excepto a Vox- para cargar contra esta prueba ironizando con que la propia Fiscalía no le había preguntado por él porque "ha visto la poca relevancia que tiene" a pesar de que se considera "piedra angular" del proceso después de varios días preguntando sin éxito al resto de acusados.
El líder independentista aseguró que se lo ha leído estando ya en prisión y lo calificó de "apócrifo" y "genérico". Estimó que se había escrito entre septiembre y octubre de 2016 porque es "descriptivo" sobre lo que ocurrió antes de esa fecha, pero añadió que "cuando intenta proyectar lo que debe suceder no acierta ni una". El expresidente de la ANC aseguró que la "persona que lo escribió tenía un conocimiento de la realidad cercano a cero".
La declaración clave del propio Jové
Han negado conocerlo los exconsellers Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Gobernación), Dolors Bassa (Trabajo) y Carles Mundó (Justicia). Este último, el único de los acusados junto a Meritxell Borràs y Santi Vila que no está acusado de rebelión, lo calificó de "estrambótico". También fue duro el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva que sostuvo que "si esa es la base en la que la acusación basa su estrategia, lo tienen muy difícil".
Los acusados, sin embargo, no están obligados a decir la verdad, como sí lo están los testigos, y la Fiscalía puede intentar todavía probar su validez como prueba documental con las declaraciones de estos últimos y de los peritos. Una de las declaraciones clave será la del propio Josep María Jové, actual diputado por ERC en el Parlament.
En el momento de su detención el 20 de septiembre de 2017 por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona era secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat, es decir, el número dos de Oriol Junqueras. El Supremo no ha marcado aún fecha para su declaración como testigo. Jové está siendo investigado por presunta malversación, revelación de secretos y desobediencia grave por la preparación del referéndum del 1-O por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su condición de aforado. Ante este tribunal está citado a declarar, pero en calidad de investigado, el 25 de marzo.