La exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs y el exconseller de Justicia Carles Mundó han defendido en sus declaraciones como acusados en el juicio del 'procés' que su firma en el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O era simbólica porque la realmente necesaria era la del expresidente del Govern Carles Puigdemont, procesado en rebeldía tras huir a Bélgica. Ambos han negado también que la consulta se pagara con dinero público. Mundó ha llegado a decir, incluso, que si no fue con dinero público tuvo que ser con dinero privado pero que no sabe de quién.
Borràs y Mundó son los únicos de los doce acusados junto al también exconseller Santi Vila que permanecen en libertad provisional y no en prisión al no estar acusados ni de rebelión -por parte de la Fiscalía y Vox- ni de sedición por parte de la Abogacía del Estado. Los tres se enfrentan a peticiones de 7 años de cárcel por malversación y a una multa de 30.000 euros por desobediencia.
La extitular de Gobernación, que ha respondido a todas las partes menos a Vox, ha defendido que firmó junto al resto de consellers el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O como un "gesto" o "símbolo" para trasladar a la opinión pública que cumplirían con el "compromiso" que tenían ante el "mandato" del Parlament para celebrar la consulta.
"No le voy a quitar valor, porque yo lo firmé, pero las firmas necesarias para un decreto son las del president [en ese momento Carles Puigdemont] y de los consellers sobre la materia", ha subrayado la expolítica. La exconsellera defiende que había un "mandato claro" del Parlament, con mayoría independentista, para que se convocara el referéndum y que, aunque "podía imaginar" que el referéndum podría ser suspendido por el Tribunal Constitucional, decidió firmar el decreto para "expresar la voluntad del Gobierno con el compromiso con el referéndum".
La exconsellera de Gobernación ha insistido en que "todas las acciones" que realizó el Govern tenían la "voluntad siempre de llegar a un acuerdo con el Gobierno español" y que esa era también la "voluntad" de sus actos, "abrir la voluntad" del diálogo en el Gobierno central, ha añadido menciando la "siempre vacía silla" del Ejecutivo como el otro día hizo Oriol Junqueras.
En la misma línea, Mundó ha defendido también que el "hecho extraordinario" de que todos los consellers firmaran la convocatoria del 1-O cuando lo relevante para que tuviera valor jurídico es que lo firmara Puigdemont se debía a que era una "expresión política para dar cuenta a toda la ciudadanía del compromiso político que tenía ese Govern" con la celebración del referéndum. "Lo tenemos que enmarcar en ese contexto", ha defendido el exconseller de Justicia, quien ha asegurado que estaban "convencidos de que no era delito".
Mundó ha negado la desobediencia incidiendo, precisamente, en que cuando firmaron el decreto el Tribunal Constitucional todavía no había dejado en suspenso el referéndum.
Borràs y Mundó niegan la malversación
Ambos han negado también el gasto de dinero público. Borràs ha negado rotundamente que cometiera malversación por el hecho de firmar la convocatoria. "No hubo gasto y hubo la firme voluntad de que no lo hubiera", ha señalado con rotundidad. De hecho, ha asegurado que la única actuación que llevó a cabo una vez que el TC suspendiera cautelarmente la consulta fue ir a votar. Preguntada por el fiscal Jaime Moreno sobre cómo pensaban celebrar un referéndum sin que implicara gastos en urnas y papeletas, Borràs ha asegurado que "dinero público no se usó para el referéndum".
Mundó también ha asegurado que el referéndum "no se financió con dinero público" porque todas las cuentas de la Generalitat estaban controladas por el Gobierno central. "La contratación [sin el conocimiento de Hacienda] no es que fuera difícil es que era imposible", ha señalado el exconseller de Justicia, que ha añadido que si no se financió con fondos públicos, la única opción es que se hiciera con "dinero privado" pero que desconocía de quién.
Preguntada por la declaración unilateral de independencia, Borràs ha repetido el argumento esgrimido por otros acusados. Fue una "expresión política" sin consecuencias legales porque estaban en el preámbulo. Mundó, sin embargo, se ha negado a responder alegando que excedía el delito de malversación que se le imputa. Como Borrràs ha respondido a todas las acusaciones menos a Vox.