El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha defendido durante su declaración en el juicio del 'procés' que todas las protestas que convocaron fueron "pacíficas" para rechazar la acusación de rebelión que pesa sobre él. En este sentido, el líder independentista ha acusado a la Fiscalía de elaborar un relato "falso" de la protesta del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía y Hacienda para convertir el destrozo de unos coches de la Guardia Civil por parte de unos "pocos" en un "alzamiento" violento y ha negado también que llamara a la participación en el referéndum del 1-O buscando el enfrentamiento entre ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como defiende el Ministerio Público, porque "jamás" imaginó que "podía haber una situación de violencia el 1-O".
Jordi Sànchez, que se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por rebelión y que permanece en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017, está acusado junto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de formar parte del "pilar social" de la presunta estrategia que diseñaron los doce acusados para supuestamente forzar al Estado a reconocer la independencia de Cataluña sin renunciar como medio a la "violencia necesaria" valiéndose para ello de la "fuerza intimidatoria" de las grandes movilizaciones sociales y del "uso de los Mossos d'Esquadra como cuerpo policial armado", según la Fiscalía.
Ante esta acusación, Sànchez ha negado la existencia de esta estrategia previa -como otros encausados que ya han declarado ha restado valor al documento Enfocats que se encontró en casa del ex número dos de Oriol Junqueras calificándolo de "apócrifo"- y ha intentado desacreditar el escrito de acusación de la Fiscalía afirmando que no se puede justificar "un alzamiento de 60.000 personas" por los daños en los vehículos de la Guardia Civil y asegurando que es "falso" que hubiera un "intento permanente de asalto" a la Consellería.
Acusa a la Fiscalía de "criminalizar" una manifestación "pacífica"
Gran parte del interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza se ha centrado en la protesta ante Economía y el destrozo de los vehículos. "Yo vi los vehículos que fueron dañados pero no es ajustado ni proporcionado creer que una acción concreta y denunciable por parte de unos individuos, pocos, sea la excusa para criminalizar, para penalizar, una movilización de 40, 50 o 60.000 personas, da igual, que estaban presentes de manera cívica y responsable ejerciendo sus derechos", ha respondido Sànchez.
En este sentido, ha defendido el "derecho legítimo a la protesta" de los ciudadanos que querían manifestarse contra las detenciones y los registros que había ordenado el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que en ese momento investigaba los preparativos del referéndum, y ha asegurado que el propósito no era "impedir" la actuación judicial.
El exresponsable de la ANC, que se considera un "preso político" porque en su escrito la Fiscalía cuestiona de "manera muy evidente manifestaciones absolutamente pacíficas" desarrolladas durante los últimos años en Cataluña para reclamar la independencia, ha asegurado que durante la protesta ante la Consellería "en ningún momento se aprecia tensión" y que la manifestación se desarrolló en todo momento en un ambiente "festivo".
El líder de la ANC ha asegurado que no va "a justificar la violencia" sobre los vehículos policiales, pero ha argumentado que si no hay imágenes del momento exacto en el que se produjeron esos destrozos es porque, en su opinión, no fueron "fruto de un alzamiento" sino que "probablemente" se produjeron a lo largo de la jornada de forma paulatina cuando alguien puso una pegatina y otra persona, en otro momento, arrancó un parabrisas.
Niega que él pudiera desconvocar "con un megáfono"
Preguntado sobre por qué no desconvocaron la concentración cuando tuvo conocimiento de los daños en los vehículos, ha argumentado que no fue consciente de los daños globales que habían sufrido los coches hasta más tarde y que "una pegatina no justifica desconvocar a 40.000 personas".
Sànchez ha asegurado, en cualquier caso, que no desconvocaron porque "no se estaba dificultando la labor de la comitiva judicial", porque querían defender el derecho de manifestación y porque "aunque hubiera querido" él con un "megáfono no hubiera sido capaz de desconvocar" en ese momento como sí hicieron por la noche, ya con altavoces.
El líder de la ANC sí ha reconocido que estuvo en contacto telefónico con el exconseller de Interior Joaquim Forn y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ayudar con la "seguridad" y facilitar un pasillo con voluntarios para que saliera la comitiva judicial, aunque esta última no lo llegó a usar.
Preguntado por el fiscal Zaragoza por si le parecía normal que la secretaria judicial tuviera que abandonar la Consellería de Economía por un edificio colindante y escoltada por los mossos, Sànchez ha respondido que no le parece normal pero que fue ella la que "declinó" salir por la puerta del edificio "porque tenía la percepción de que no era seguro" a pesar de que no había ningún riesgo, en su opinión.
El momento de más tensión para él, ha asegurado en el interrogatorio, es cuando un teniente de la Guardia Civil le comunica a media tarde que hay armas largas en los vehículos destrozados. "Me generó una tensión como pocas veces he vivido en cualquier acto (...) Me llevó a comunicar inmediatamente que haré lo que buenamente esté en mis manos, pero que no es mi responsabilidad proteger armas".
"Jamás imaginé que podía haber una situación de violencia el 1-O"
En la misma línea, Sànchez ha defendido que tampoco es cierto que hiciera llamamientos a la participación el 1-O buscando y fomentando, como sostiene la Fiscalía, el enfrentamiento entre ciudadanos y policías: "Jamás imaginé que podía haber una situación de tensión y violencia el 1-O, como no había imaginado jamás que en una manifestación de la ANC se pudieran producir daños".
Ha asegurado que hicieron llamamientos a la participación, porque se trataba de un "acto político" en defensa del derecho de autodeterminación y ha subrayado el hecho de que ninguna autoridad judicial les hubiera comunicado que no podían animar a los ciudadanos a acercarse a los centros a votar. "¿Dónde está el delito?", se ha preguntado retóricamente.
"El derecho a una pasividad, a una resistencia no violenta es un acto de protesta legítimo y pacífico y eso no tiene que conllevar ningún tipo de violencia por parte de la autoridad policial", ha señalado Sànchez según recoge la agencia Efe.
En este sentido, Sànchez ha atribuido la "violencia" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por usar, en su opinión, una fuerza "desproporcionada e injustificada" como han hecho otros acusados a lo largo de las últimas sesiones. "Me consta que en algunos colegios hubo una actuación policial desproporcionada", ha señalado el exlíder de la ANC, que ha asegurado que no le consta, sin embargo, que algunos agentes fueran repelidos con vallas metálicas u objetos contundentes, como ha relatado el fiscal.
Sànchez saca a colación del Whatsapp de Cosidó sobre Marchena
Zaragoza le ha preguntado también por un correo electrónico de un tal Xabi Strubell que le planteaba la posibilidad de cerrar con vehículos las calles adyacentes a los colegios electorales. Sànchez ha asegurado que no sabe quién es esta persona y ha negado incluso que lo leyera.
En este punto ha aprovechado para recriminar al fiscal que le pregunte por un mail del que él no es autor sacando a colación el mensaje de Whatsapp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó a su grupo asegurando que controlarían la Sala Segunda "desde detrás" si Manuel Marchena, el juez del tribunal del 'procés', era nombrado presidente del CGPJ como habían acordado con el Gobierno socialista. Un mensaje, ha añadido Sànchez con ironía, que "ha comprometido el buen nombre" de Marchena.
El expresidente de la ANC, que también ha respondido a las preguntas de la Abogacía del Estado pero no a Vox, ha aprovechado el interrogatorio de su abogado para responder al rey Felipe VI cuando este miércoles defendió que no era "admisible apelar a una supuesta democracia" sin el respeto a las leyes. Sànchez ha admitido que "no hay democracia sin ley" pero ha añadido que "lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de derechos ciudadanos".