Además del Supremo, donde este martes arranca el juicio por la celebración de referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia, el 'procés'procés también se juzgará en otros tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial de Barcelona o la Audiencia Nacional
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enjuciará a cinco exmiembros de la mesa del Parlament, después de que el alto tribunal aceptase parcialmente los planteamientos de sus defensas.
Los exvicepresidentes de la mesa Lluis María Corominas y Lluis Guinó, la ex secretaria primera Anna Isabel Simó, la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet y el secretario tercero, Joan Josep Nuet, están acusados de desobediencia al Constitucional por facilitar que la cámara catalana debatiera y aprobara las leyes del 'procés' que, entre otras cuestiones, permitieran la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017, a pesar de que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.
En esta causa también está procesada la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, también por desobediencia. Desde su cargo como presidenta de su grupo parlamentario presentó la proposición de ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo para la desconexión con España.
Tanto la Fiscalía como la abogacía del estado les acusan de desobediencia y no piden para ninguno de ellos cárcel, sino una multa económica y la inhabilitación. Todos están el libertad, aunque la mayoría con medidas cautelares.
Juicio a la excúpula de los Mossos
Otro tribunal será la Audiencia Provincial de Barcelona, una vez finalice la la investigación que realiza el juzgado de instrucción número 13 de la ciudad condal. Unas 40 personas relacionadas con la preparación del referéndum ilegal están siendo investigadas por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El tercer lugar será la Audiencia Nacional, si finalmente confirma su competencia para juzgar a la excúpula de los Mossos d'Escuadra por su actuación durante los registros en la consejería de Economía, en septiembre de 2017, y el 1-O.
El mayor y exjefe de la policía autonómica, Josep Lluis Trapero, está procesado por dos delitos de sedición y otro de organización criminal. Los que fueran sus superiores políticos, el exdirector de la policía autonómica, Pere Soler, y el ex secretario general de Interior, César Puig, están procesados por un delito de sedición y otro de organización criminal; mientras que la intendente Teresa Laplana lo está solo por sedición.
Sin embargo, la Fiscalía ha elevado la acusación por el delito de rebelión y pide 11 años de cárcel para los ex dirigentes de la policía autonómica y cuatro para Laplana por sedición.
Al igual que en el Supremo, las defensas de algunos de los acusados, concretamente de Soler y Puig, han solicitado que la causa se traslade a los juzgados catalanes, alegando que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para juzgar los delitos de rebelión y sedición.
La Fiscalía se opone, argumentando que la tensión independentista que se vive en esa comunidad puede afectar a la causa si se juzga allí. En unos días, la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional deberá resolver sobre esta cuestión de competencia antes de que comience el juicio por lo que, según fuente jurídicas, todo apunta será después del verano.