El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del proceso independentista, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.
Hace dos días, el diario El Mundo publicó una entrevista con el ministro de Hacienda en el que este subrayaba que desde que el Gobierno, a través de su departamento, ejerce el control de las cuentas de la Generalitat intervenida, ningún dinero público ha ido a parar al llamado 'procés'.
"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de (Carles) Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", recoge el diario en su entrevista, si bien Montoro añadió que "la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo". Hacienda ejerce, además de acusación particular en este sumario.
El juez Llarena explica su decisión en una providencia (ver en .pdf) en la que señala que varios procesados han declarado en los últimos días ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017". En las últimas dos jornadas han declarado en el Tribunal Supremo los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por malversación además de por rebelión.
Según el magistrado, ello contradice las fuentes de prueba del sumario de la causa, por la que se ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, por la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo en el citado referéndum.
De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum.
El pasado 20 de marzo, Llarena encargó a la Guardia Civil "la aportación de los documentos y demás elementos objetivos" que dan soporte" a ese informe sobre "gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia". También declaró secreta esa parte de la causa durante un mes.
Hacienda aportará al juez toda la documentación
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dicho que aportará al juez del caso del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.
En un comunicado, Hacienda ha contestado en estos términos a la decisión del juez Llarena y ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.
Recuerda en su nota que el Ministerio inició diversos controles presupuestarios a Cataluña ya en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad.
"El Ministerio aportará al Juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles", añade el comunicado.
Antes de la difusión del comunicado, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, ha reiterado que en Cataluña "no ha habido dinero" del Fondo de Liquidez Autonómica o de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad "que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores".
Navarro ha agregado, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que la investigación judicial en marcha dirá si esos pagos de facturas "no correspondieran a tal fin".