El Banco Central Europeo (BCE) ha rendido cuentas este lunes ante los eurodiputados por la aplicación del mecanismo de resolución bancario por primera vez en la crisis del Banco Popular, que ha finalizado con críticas de los parlamentarios, defensa cerrada de la operación por una de sus principales protagonistas y algunas dudas dirigidas al contexto español.
La presidenta de la Junta de Supervisión del BCE, Daniele Nouy, ha mostrado su satisfacción por la actuación de los supervisores y por la rápida colocación del banco en situación crítica, aunque ha dejado algunas dudas para que las resuelvan la justicia española y los reguladores del mercado. Concretamente, por qué se dio una fuga de depositos institucionales previa a la venta del Popular al Santander por un euro.
Nouy ha dejado claro a los eurodiputados que es un tema que no está entre sus prerrogativas -"no puedo participar en ello", ha afirmado-, pero considera que "hay margen" para investigar las salidas de capital por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas en la víspera de la resolución del Banco Popular.
La jefa de la supervisión del BCE entiende que se podría investigar "si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes", en respuesta a una cuestión del eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, también fue preguntado por esta cuestión el pasado 12 de junio. Guindos reconoció que algunas comunidades y ayuntamientos retiraron "fuertes" cantidades de depósitos del Banco Popular, pero también constató, que otras, como la Seguridad Social, mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses.
Nouy prevé "muchísimos litigios"
La jefe de la supervisión a los principales bancos europeos ha descartado que el problema definitivo del banco fuera la falta de liquidez, como se sostuvo en los primeros días: "Si el banco tiene que construir miles de millones en provisiones en los últimos dos o tres años, si tiene que emitir 5.000 millones de capital adicional en el mismo periodo y si el banco ha sido puesto en venta por la junta y el presidente del banco fue por razones estructurales aparte de la liquidez".
Nouy ha admitido además que la operación de venta supondrá "seguramente" "muchísimos litigios" de accionistas y tenedores de deuda subordinada que han perdido su inversión con la resolución del Banco Popular.
En su opinión, los pequeños inversores no deberían estar autorizados a comprar determinados productos: "La deuda subordinada y los CoCos (bonos convertibles contingentes),(...) tienen un alto rédito en comparación con los bonos y esto significa que las empresas y los clientes deben saber qué es lo que están comprando y los minoristas no deberían tener la autorización para comprarlos directamente porque si no, el rescate se vuelve mucho mas difícil".
El BCE impone confidencialidad sobre algunas claves
Por otro lado, preguntada por el eurodiputado español de los Verdes Ernest Urtasun sobre en qué momento el Popular se quedó sin el ratio de liquidez exigido por las normas, lo que en última instancia supuso su inviabilidad, Nouy rehusó precisar una fecha por motivos de "confidencialidad".
Señaló, sin embargo, que cuando un banco tiene problemas de liquidez que avanzan rápido es porque está "cerca de la crisis real" y puede ser "cuestión de días" declararlo en riesgo de inviabilidad.
Indicó que no se tomaron las medidas de intervención temprana previstas en la Directiva Europea de Reestructuración y Resolución Bancaria (BRRD) porque exigen "proporcionalidad", es decir, que el supervisor tome la "mínima acción" para conseguir resultados.
Adicae recurre la venta ante la Audiencia
La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros Adicae ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la resolución y venta de Banco Popular.
En el documento, Adicae denuncia que el proceso de subasta llevado a cabo por el Frob tras la habilitación concedida por la Junta Unica de Resolución "no fue correcto ni lo transparente que (...) debía haber sido" y que se "confirieron ventajas" a Banco Santander.
Según la asociación de consumidores, la "alternativa viable" en la operación hubiese sido el canje de acciones de Banco Popular por las de Banco Santander