Los ministros de Economía de la Unión Europea intentan alcanzar un acuerdo político para dar cierto grado de protección a los depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares, con el objetivo de que solo tengan que asumir pérdidas en futuros rescates bancarios "en casos excepcionales".
Además, el Ecofin ha refrendado ya el calendario de reformas marcado por Bruselas a España a cambio de la prórroga de dos años para bajar el déficit del 3%, lo que permitirá que ese desequilibiro suponga este año el 6,5% del PIB.
Los ministros han ratificado todas las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que destacan la definición antes de finales de año del factor de sostenibilidad que ajustará las pensiones y la reforma del sistema tributario. Así, el Ecofin pide a España una aplicación "oportuna y rigurosa" de las medidas anunciadas en el plan nacional de reformas.
El tratamiento de los grandes depósitos -que ha cobrado máxima actualidad tras los problemas surgidos con el rescate de Chipre- es uno de los principales escollos para lograr un compromiso sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias. El objetivo de esta norma es que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que asuman el coste del saneamiento de los bancos con problemas.
Depósitos inferiores a 100.000 euros, absolutamente garantizados
En lo que sí hay acuerdo unánime entre los Veintisiete es que los depósitos de menos de 100.000 euros quedarán a salvo de participar en cualquier rescate, a diferencia de lo que ocurrió con el primer plan diseñado para Chipre, que preveía que sufriesen unas pérdidas del 6,75%.
La propuesta que tienen sobre la mesa establece que el orden de preferencia para asumir pérdidas será: primero, los accionistas; segundo, los acreedores con deuda sénior; tercero, los tenedores de productos híbridos -deuda subordinada y preferentes- y, a continuación, los depositantes de más de 100.000 euros. Solo al final de la lista, y si las quitas al resto de colectivos no llegan para cubrir el agujero del banco, se recurrirá a los depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares.
"Va a pasarse un mensaje muy claro de que los depósitos de menos de 100.000 euros están absolutamente garantizados y también, incluso, los de más de 100.000 euros de personas físicas y pymes", ha asegurado el ministro de Economía español, Luis de Guindos, a su entrada en la reunión del Ecofin.
"Es una buena noticia. Los bancos españoles se financian fundamentalmente a través de depósitos y creo que esto es un elemento de seguridad adicional", ha insistido. España defiende la máxima protección posible para todos los tipos de depósitos.
Divididos sobre plazos y margen nacional de aplicación
También quedan muchas cuestiones donde persisten las discrepancias entre los Estados miembros. En primer lugar, el Banco Central Europeo (BCE) y algunos Estados miembros -como Alemania- reclaman adelantar la entrada en vigor de la norma a 2015, en lugar de 2018, como propone la Comisión Europea, con el apoyo de España o Francia.
En segundo lugar, algunos Estados miembros como Francia o Reino Unido reclaman que las autoridades nacionales tengan margen de maniobra para frenar las quitas a determinados acreedores, así como a pymes o grandes depositantes, si consideran que amenazan a la estabilidad financiera. España en cambio reclama la máxima armonización.
La norma obligará a todos los Estados miembros a crear fondos de resolución prefinanciados por la banca. La última propuesta de compromiso exige que el nivel de prefinanciación se sitúe en el 0,8% de los depósitos cubiertos si se crea un fondo de resolución independiente o en el 1,3% si se fusiona con los ya existentes fondos de garantía de depósitos. Pero Reino Unido se opone.
Finalmente, los ministros se plantean exigir a la banca un nivel mínimo de deuda sénior que pueda ser objeto de quitas con el objetivo de compensar así la exclusión de los depósitos de particulares y pymes. Sin embargo, no se ha definido cómo se calculará esta nueva exigencia. La Presidencia irlandesa de turno de la UE propone una cláusula de revisión para que Bruselas proponga más adelante un método de cálculo armonizado.