La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera que el exdirector general de la mediadora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, que ingresó en prisión esta madrugada, "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las "sobrecomisiones pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que el imputado, director general de Vitalia desde 1995 hasta 2011, "daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta".
La juez dice que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -al que el miércoles se dictó orden de reingreso en prisión- se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".
Al hilo de ello, asevera que Guerrero, "aparte de los sobres con dinero recibidos del imputado, recibiría en sus cuentas transferencias periódicas de Vitalia por orden de Albarracín, por cantidades normalmente inferiores a 3.000 euros", de manera que el exalto cargo y su esposa recibieron en sus cuentas un total de 249.000 euros.
Alaya incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15%" a las del mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".
Importantes beneficios para Vitalia
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
Con el consentimiento de la Junta
La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.
"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de esta, sus principales responsables", añade la juez.
“El verdadero alimento de una trama corrupta“
Alaya ha dictado prisión en las últimas horas para Juan Lanzas, Antonio Albarracín, Francisco Javier Guerrero y Eduardo Leal, y en las próximas horas va a tomar declaración a siete personas que permanecen detenidas desde el miércoles.
Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones.