La Guardia Civil ha cifrado en 50 millones de euros los fondos públicos desviados en la última fase de la investigación en el caso de los ERE fraudulentos, aunque esa cifra "podría aumentar de manera significativa".
El instituto armado ha publicado los datos en una nota de prensa, donde enumera los delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y falsedad documental que se imputa a la veintena de detenidos este miércoles en la segunda fase de investigación en la causa, que instruye la juez Mercedes Alaya.
Además, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha explicado en Baeza (Jaén) que la operación "Heracles" continúa abierta y que están pendientes "pasos muy importantes", que no ha concretado, según cita Efe.
Las investigaciones han permitido "descubrir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía", según la Guardia Civil. Así, la investigación ha revelado que "el circuito alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de esos fondos públicos", lo cual "se conseguía mediante diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin".
"Paso cualitativo en la investigación"
El Instituto Armado indica que la "explotación" de esta fase de la investigación "supone un importante paso cualitativo" en la investigación, ya que proporciona las "bases para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos" investigados, así como las "motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado".
La operación ha desvelado "hasta el momento" el desvío de unos 50 millones de euros, pero se prevé "un aumento significativo de dicha cantidad" a medida que se analice la "abundante documentación" incautada en los registros, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres".
El Grupo de Delincuencia Económica, ha contado con el apoyo de otras unidades del Cuerpo, como el Grupo de Reserva y Seguridad de Sevilla; unidades caninas, con dos perros detectores de dinero, y patrullas de seguridad ciudadana pertenecientes a las comandancias de Cádiz, Sevilla, Madrid, Jaén y Granada. También han participado la Unidad de la Policía Judicial de la Zona de Barcelona y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, así como la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose).
Recurso contra la orden de prisión para Guerrero
En relación al caso, el abogado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha anunciado que recurrirá en los próximos días el ingreso en prisión de su cliente ordenado por la juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ya que considera que "no existe ninguna posibilidad de riesgo de fuga".
La orden de prisión comunicada y sin fianza para el ex director general de Trabajo, al que se sitúa en el centro de la trama, se produjo por los mismos motivos por los que ingresó en la cárcel hace justo un año, el 10 de marzo de 2012, y siete meses después salió después de haber abonado una fianza de 50.000 euros, en octubre del 2012.
Guerrero es una de las nueve personas ya imputadas en la causa que han sido llamadas a declarar por la magistrada en relación a la segunda fase de la investigación que desarrolló este miércoles y que concluyó además con 22 personas detenidas y 13 registros tanto en empresas como en domicilios y despachos de abogados.
Declaración de imputados
De los 22 detenidos este miércoles, la UCO ha dejado en libertad al menos a dos de ellos. Se trata de la mujer de Carlos Leal, abogado de Estudios Jurídicos Villasís que se encuentra imputado en la causa, y de su propio hermano, José Luis Leal, también letrado en este despacho, según cita Europa Press.
En esta nueva ronda de declaraciones, este jueves están citados, el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, considerado como "conseguidor"de los ERE después de que la Guardia Civil aportara nuevos indicios sobre su supuesta implicación en el caso y, a las 19:00 horas, Juan Francisco Trujillo el que fue chofer del exdirector de Trabajo y que declaró haber recogido sobres con dinero para su jefe. También estaban citados Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas y Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla.
Según las investigaciones, el exsindicalista Lanzas ideó un sistema para usar "empresas pantalla" con las que "introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad", el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta.