El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en los diputados autonómicos Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.
Además, el juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja.
El juez ve indicios de varios delitos
Sobre este grupo de personas, el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".
En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.
La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.
La alcaldesa lamenta su condena mediática
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha asegurado este jueves que demostrará que "las imputaciones son falsas" y ha lamentado su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".
"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", ha afirmado Castedo en declaraciones a Efe.
Además, ha señalado que nunca pensó que "para estar tranquila debía estar imputada", pues hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez. "Yo doy la cara, diré la verdad, no mi verdad, y con documentos, los mismos que ni la Fiscalía ni el Juzgado han tenido en consideración", ha indicado la regidora alicantina.
Por ello, según ha recordado, entregó en octubre del pasado año a los medios de comunicación numerosos documentos oficiales relacionados con el PGOU para demostrar que no hubo irregularidad alguna en los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico.
Castedo ha lamentado "la indefensión" que durante dos años le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada -ella está aforada por su condición de diputada autonómica-, mientras su nombre ha aparecido "en los medios de comunicación casi todos los días durante los dos últimos años".
PSPV y Compromís exigen a Fabra que depure responsabilidades
El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha pedido al presidente de la Generalitat y del PPV, Alberto Fabra, que actúe "de inmediato" y "tome medidas con carácter de urgencia para limpiar la vida política valenciana".
Según el socialista, ante casos de corrupción hay que actuar de forma "drástica", y las personas que estén directamente implicadas en temas de corrupción "deben ser apartadas de los partidos políticos".
El portavoz del PSPV se ha ofrecido incluso a que en el caso de que diputados populares imputados "se rebelasen" y se fueran al grupo mixto, su formación estaría dispuesta a contrarrestarlos con la abstención o la no participación de algunos diputados socialistas en la votación de determinados proyectos con el fin de facilitar al PP la gobernabilidad.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado que la situación "no puede ser más grave desde el punto de vista institucional y de credibilidad de las instituciones", y ha pedido a Fabra que depure responsabilidades y "aparte de la vida pública a aquellas personas que tienen indicios razonables de haber cometido delitos".
La diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha afirmado que, con la petición de las imputaciones de Castedo y Díaz Alperi, son ya diez los diputados "imputados" en la bancada del PP, un "récord mundial", ha lamentado.
Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Rafael Maluenda, ha dicho que Fabra "está demostrando tolerancia cero" en temas de corrupción y "tiene una hoja de ruta clara" y "cuando hay imputación cada uno sabe dónde esta el camino", ha dicho en alusión a los miembros de su partido.