El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha defendido la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno como una medida para mantener las políticas de protección social y ha asegurado que "la única alternativa" era la subida del IVA.
"La alternativa era o aflorábamos el dinero oculto y hacemos que tribute y aumentábamos la tributación de las grandes empresas o la única alternativa era subir el IVA, subir el impuesto a los ciudadanos que tienen menos rentas", ha declarado Alonso en una rueda de prensa en Cádiz.
El portavoz del PP en el Congreso ha mostrado su deseo de que los grupos políticos de la oposición tengan la "responsabilidad" de plantear propuestas y alternativas que "mejoren" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el martes llegan al Congreso de los Diputados.
Total apoyo del PP
Alonso ha subrayado que el PP va a respaldar en el Congreso lo que consideran "un proyecto ajustado y bien hecho" y ha señalado que, aunque en estos cien días de gobierno "no ha ocurrido", no ha perdido la esperanza en que "un mes de estos, algún día, llegue alguna propuesta concreta del PSOE y de Rubalcaba", ya que, en su opinión, hasta ahora "sólo ha habido mucha crítica y mucha descalificación, pero poca capacidad de alternativa y de propuesta".
Ese es su balance de los cien días de oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ha preguntado "cuál es su alternativa para que España cumpla el objetivo de déficit del 5,3 por ciento". En este sentido, le ha instado a que, "si no quieren que el Estado se apriete el cinturón", digan si su alternativa "sigue siendo la de plantear una subida del IVA".
Alonso ha argumentado que el PSOE está "en contra de la reducción del gasto de los ministerios y en contra también de que se pidan mayores esfuerzos fiscales", apostillando que "en la medida en que el Estado no sea capaz de apretarse el cinturón, la única alternativa es apretar más el cinturón a los españoles", que es lo que, en opinión del 'popular', hizo el Gobierno del PSOE: "Bajar las pensiones, bajar el sueldo de los empleados públicos, fueron incapaces de recortar sus gastos y, finalmente, llevaron a cabo la subida del IVA a todos los españoles".
En esta línea, ha añadido que el Gobierno socialista "prefirió mantener tres vicepresidencias en el Consejo de Ministros que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas". Por contra, el PP ha presentado un presupuesto "ajustado" y que "se inspira fundamentalmente en esa idea de justicia social". Por ello, ha reclamado al PSOE que, si pueden, planteen alternativas y, si no, que "abandonen el camino de la descalificación por la descalificación y la crítica".
Terapia de choque
Alonso ha significado que la presentación de los PGE cierra un primer trimestre "intenso" de actividad del Gobierno que "no tiene precedentes en la democracia" en España. Han sido "cien días de reformas de calado" que hacen "una verdadera terapia de choque para sacar la economía española adelante".
Ha reiterado que el "principal problema" al que se enfrenta el país este año es cumplir el objetivo del 5,3 por ciento de déficit, y el Gobierno y los PGE tienen que "resolver" que el déficit se cerró en 2011 en el 8,5 por ciento y, por tanto, hay "una desviación de 25.000 millones de euros" como resultado de la "nefasta gestión del Gobierno socialista". Así las cosas, "España se la juega en garantizar que vamos a ser capaces de cumplir nuestros objetivos y recuperar el tiempo perdido".
En este sentido, Alonso ha enfatizado que el proyecto de PGE que se ha presentado este viernes en el Consejo de Ministros "son los presupuestos que España necesita, destinados a poner orden donde hasta ahora sólo ha habido desorden" y, además, "plantean el mayor ajuste fiscal de nuestra democracia", constituyendo "la base y el camino para la recuperación de la credibilidad y la confianza de nuestro país".
El Estado se aprieta el cinturón
Asegura que los PGE suponen que el Estado "se va a apretar el cinturón como lo han venido haciendo ya las familias y las empresas en España" y las cuentas públicas "van a dejar de ser una losa sobre la economía española". Ha puntualizado, además, que "las cargas se van a repartir de la manera más equitativa" y que el ajuste se hará partiendo de la premisa de "mantener la protección social en sus grandes prioridades": el mantenimiento de la protección al desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y de los sueldos de los empleados públicos.
Finalmente, el portavoz del PP en el Congreso ha puesto de manifiesto la "determinación" del Gobierno de Mariano Rajoy de que los PGE "se van a cumplir de manera estricta, se van a aplicar a rajatabla", garantizando que "lo que hoy es un proyecto que está sobre el papel, al final de año será una realidad en la contabilidad nacional del Estado".
Secretaría de Presupuestos
Por su parte, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, también afirma que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, a pesar de ser una medida "excepcional" que no le gusta, ha sido la alternativa hubiera sido subir el IVA.
En una entrevista en ABC, la responsable de Presupuestos afirma que frente a la amnistía fiscal no había "otra alternativa sin consecuencias económicas", solo la subida del IVA, que si bien es una figura recaudatoria "potente", tiene "consecuencias malas porque sacrifica el consumo".
Fernández Currás añade que "hay que afrontar la realidad. Y esa realidad es que la economía española decrecerá al 1,7 % este año. Claro que no nos gusta esta medida, pero hay un dinero que no está en el circuito legal y hay que traerlo".
No es una amnistía "gratis"
La secretaria de Estado incide en que esta amnistía no es "gratis", ya que se va a hacer con un tipo del 10% (para personas físicas), "lo suficientemente atractivo para se produzca la regularización".
Sobre la eliminación de algunas deducciones a las empresas en el Impuesto de Sociedades, Fernández Currás señala que ahora les toca a las empresas contribuir a un esfuerzo que ya se ha aplicado a las personas físicas a través del IRPF, "que está suponiendo una carga fiscal importante para los contribuyentes".
"Lo que no se puede consentir es que la recaudación de este impuesto (Sociedades) baje, como ha pasado, de 44.000 millones a sólo 16.000", dice la secretaria de Estado, que añade que "no nos sirve de nada tener un gravamen del 30% si al final solo se paga el 3%, como es el caso de alguna empresa".