La reforma del sistema financiero del nuevo Gobierno obligará a las entidades financieras a aumentar sus provisiones en 50.000 millones de euros, antes del 31 de diciembre de 2012, para cubrir la pérdida de valor de los activos inmobiliarios, lo que supone casi doblar las provisiones actuales que son de 66.000 millones de euros.
El Gobierno, según lo avanzado este jueves por el ministro de Economía y Competitividad, quiere "incrementar de forma muy clara el saneamiento de los activos inmobiliarios". De Guindos ha avanzado que será un "proceso transparente" y habrá un tratamiento distinto por cada tipo de activo y "sin aportación de recursos públicos", ha matizado.
El principal propósito de la reforma es que las entidades vuelvan a prestar dinero y se logre reactivar así la actividad en el sector privado. Para ello, las entidades deberán ampliar las provisiones para los activos inmobiliarios del 31% actual al 80%. Para ampliar su capital, el Gobierno deja que las entidades recurran a los resultados (con cargo a los beneficios generados en sus cuentas) o al capital (que puede ser patrimonio).
Con esta son varias las reformas aplicadas sobre el sistema financiero español desde 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers obligó a los líderes internacionales a exigir más transparencia a las entidades bancarias.
Exigencias para cada activo
De los 50.000 millones de euros que los bancos deberán provisionar, 25.000 millones corresponden a una provisión específica para los activos problemáticos y que irá con cargo a los beneficios.
Otros 15.000 millones se destinarán a crear un colchón de capital del 20% por el valor del suelo y del 15% en las promociones en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o la conversión de híbridos, entre los que se incluyen participaciones preferentes, bonos convertibles o deuda subordinada.
En cuanto a los 10.000 millones restantes, se refieren a una provisión genérica equivalente 7% del capital, para los activos que no se consideran tóxicos, es decir, créditos que están al corriente de pagos, en previsión de un posible deterioro de esa cartera inmobiliaria.
Con este aumento de capital, se espera que las entidades aumenten la provisión de las viviendas terminadas al 35% (antes del 25%) cuyos activos problemáticos ascendían a 87.000 millones el 30 de junio de 2011 y a un 65% (antes del 27%) en las promociones inmobiliarias en curso. Los activos inmobiliarios problemáticos en suelo y promoción en curso ascendían a 88.000 millones en esa misma fecha.
De Guindos anuncia que la reforma financiera abaratará los precios de la vivienda
De Guindos ha explicado que se ajustará la valoración de los activos inmobiliarios al precio de los mercados, lo que "debe facilitar la salida de estos activos" que ahora tienen las entidades y al mismo tiempo permite que "los ciudadanos se beneficien de unos precios más reducidos".
Nueva ronda de fusiones
Aquellas entidades que decidan participar en fusiones tendrán dos años para adaptarse al nuevo marco, siempre y cuando presenten antes del 30 de mayo un plan de viabilidad para aumentar su tamaño un 20% e incluyan medidas de gobierno corporativo, así como un compromiso de concesión de crédito.
El Gobierno quiere que las entidades participen en un nuevo proceso de integraciones que reduzca aún más su número y aumente su peso en el sistema financiero. La primera ronda de fusiones, impulsada por el anterior Ejecutivo redujo su número a 17.
El Gobierno ha previsto que las entidades financieras puedan recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) que aumenta su capital de 9.000 a 15.000 millones de euros, según lo anunciado por De Guindos. Este incremento de capital se produce gracias a una aportación del Tesoro Público y tendrá la misma capacidad de endeudamiento que hasta ahora (90.000 millones), por lo que no afecta al déficit sino a la deuda pública.
Nuevas exigencias de capital
Al mismo tiempo se pretende cumplir con los requisitos de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y recuperar la confianza de los mercados en la economía española. La ABE cifró el pasado mes de diciembre en 26.170 millones de euros el capital que los grandes bancos españoles (BBVA, Santander, Banco Popular, Bankia y Caixabank) necesitarían para cumplir con las nuevas exigencias.
Los líderes de la Unión Europea acordaron el pasado 26 de octubre elevar el capital de calidad exigido a las entidades financieras a un 9%, antes de julio de 2012.
La reforma del sistema financiero es uno de los tres ejes económicos anunciados por el Ejecutivo de Rajoy para este primer trimestre de 2012, junto a la reforma laboral, todavía pendiente de aprobación y la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria aprobada en el último Consejo de Ministros y que obliga a las administraciones públicas a reducir su déficit público.
Además, el pasado 30 de diciembre y dentro de las primeras medidas de ajuste del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó la puesta a disposición de las entidades bancarias, de avales del Estado por valor de 100.000 millones de euros en 2012.