El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha convocado a los sindicatos a una reunión de la Mesa General de la Función Pública para "negociar la reducción de los liberados sindicales", ha confirmado Granados en los pasillos de la Asamblea de Madrid.
De esta manera, el Gobierno regional sigue adelante con la polémica iniciativa anunciada este martes por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien señaló que la actual crisis obliga a administrar "con más rigor y eficacia a los recursos públicos".
Su consejero ha concretado este miércoles que el Ejecutivo propondrá reducir de 3.500 a 1.490 los liberados sindicales en la administración autonómica y ya ha asegurado que no contempla la posibilidad de "no alcanzar un acuerdo" sobre este asunto.
Aplicarán el recorte aunque no haya acuerdo
Aunque ha insistido en su voluntad de llevar a cabo este ajuste a través del consenso, Granados ha reconocido que el Gobierno regional "podría aplicar la medida, si no hay acuerdo".
La Mesa General de la Función Pública, que previsiblemente se reunirá el próximo viernes, está formada por tres representantes de CCOO, tres de UGT, y otros tres de CSIT-UP.
A la reunión, que presidirá Granados, acudirá además un representante de la Secretaría General Técnica de cada Consejería madrileña.
2.000 de los liberados, resultado de "abusos" para la CAM
Según ha explicado, 1.490 son los "elegidos por los trabajadores en las elecciones sindicales", mientras que el resto son consecuencia de "abusos" o de "acuerdos adoptados por encima de la ley en época de bonanza económica".
Como ejemplo de esos abusos ha puesto el de aquellos que "nunca se han presentado a unas elecciones sindicales", pero que "quitan horas a los liberados elegidos por los trabajadores y las acumulan".
El consejero ha afirmado que 1.490 sindicalistas liberados son "suficientes para defender con eficacia el derecho de los trabajadores" y se ha mostrado convencido de que los sindicatos "estarán a la altura de las circunstancias, en este momento de crisis en el que se ha pedido un esfuerzo a todos".
"Peligrosa senda antidemocrática" para los sindicatos
Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que "si quiere recortar derechos, lo diga" ya que los derechos sindicales "son también derechos constitucionales".
Méndez ha considerado que Aguirre "sabe que somos un obstáculo serio para privatizar la sanidad en su comunidad" y, "a su vez, ella tiene poco que decir en el debate del Estado de su comunidad, con lo que tiene que echar una liebre a correr".
Fernández Toxo, por su parte, ha afirmado que hay afirmaciones que "tienen carácter sesgado y pretenden generar mucho ruido contra la función de los sindicatos y los sindicalistas", aunque "no caen en la cuenta de que lo que se puede deteriorar es la convivencia social en el país".
El líder de CC.OO. ha señalado que en los últimos días ha oído "mentiras groseras" y "disparates sin ningún soporte" sobre el número de liberados sindicales que hay en España "que se confunden con los delegados de personal, que tienen 15 horas al mes para esas funciones".
"Es un intento burdo y grosero de tergiversar la verdad para instalar al país en el rechazo a los sindicatos", algo que "conduce a una senda peligrosa y antidemocrática", ha concluido Fernández Toxo.
También el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno regional de Madrid. Corbacho ha defendido que el número de liberados sindicales es el que establece la ley y por tanto "son los que tienen que estar".
La CEOE no lo cree una prioridad
Por su parte, la patronal CEOE no cree prioritario que haya que cambiar la norma para reducir el número de liberados sindicales en las empresas, que en el sector privado ascienden a 4.200.
Según ha explicado este miércoles el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, para recortar el número de liberados habría que cambiar el Estatuto de los Trabajadores, algo que definió como "complejo", ya que no se va a tocar la ley para modificar sólo un artículo.