La Ley de Ciencia se ha hecho de rogar. Tras la fundación en abril 2008 del Ministerio de Ciencia e Innovación con Cristina Garmendia a la cabeza, una de sus primeras misiones fue elaborar esta ley que supone la mayor reforma del sistema I+D en nuestro país, ya que sustituye al anterior texto de 1986.
El borrador del anteproyecto de Ley (ver PDF.) se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros e incluye cambios encaminados a impulsar la financiación de la Ciencia en nuestro país.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que se trata de una ley "necesaria", porque la actual tiene 25 años, y servirá para "consolidar el sistema científico español". Ha añadido que supondrá para España "un salto para situarnos entre los sistemas científicos más avanzados de Europa", a la vez que ha destacado que es "modernizadora y promotora del talento".
Esta ley también trata de frenar la fuga de cerebros en España y evitar que los jóvenes dejen de apostar por las profesiones científicas, ya que el número de alumnos de las carreras de investigación ha caído en picado en los últimos años ante la falta de salidas y recursos.
De becas de investigación a contratos
Uno de los cambios más esperados de este borrador es que los investigadores predoctorales, que hasta ahora tenían una beca de dos años sin cotización ni derecho a paro más otros dos años de contrato, pasarán a cotizar con los derechos de cualquier trabajador desde el primer año.
Cristina Garmendia compara este cambio con el modelo que se aplica a los médicos en formación. "El contrato MIR es un contrato laboral con todas las prestaciones y también los científicos en su fase doctoral tienen que tener contratos con todas las prestaciones".
Después de esos cuatro años y tras una evaluación, al cabo de otros cinco años se convertirían en trabajadores indefinidos funcionarios. La ley todavía no define cuáles son los baremos que se usarán para esas evaluaciones.
“La Ley todavía no aclara cuales serán los baremos de evaluación“
Estos cambios sólo afectan a las empresas privadas que reciban subvenciones públicas, por lo que de momento, la puerta sigue abierta para que fuera de la empresa pública sigan existiendo becas en lugar de contratos.
Colaboración público-privada
El borrador contempla una equiparación de las categorías profesionales de las escalas y salarios de los investigadores que trabajen tanto en universidades como en Organismos Públicos de investigación, con el objetivo de fomentar la movilidad entre diferentes centros.
Además los investigadores funcionarios también podrán pedir excedencias de hasta cinco años para trabajar en empresas privadas.
Elena Piñero, Presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores, explica a rtve.es que el cambio en los contratos predoctorales "es muy positivo" aunque señala que "nos parece una falta de responsabilidad el dejar al amparo de su propio criterio que las fundaciones privadas puedan financiar la labor de los profesionales de la investigación como mejor les parezca (por ejemplo mediante becas), lo que no acabará con las diferencias en el tipo de contratación o el salario de investigadores realizando la misma labor".
Piñeiro añade que muchos de los problemas de los jóvenes investigadores provienen "de las escasas expectativas profesionales que existen en este país para estabilizar personal de investigación. El sector privado debe crecer para absorber investigadores. El sector público debe planificar mejor el uso de sus recursos: qué hacer y cuánta gente se necesita para ello", concluye.
Financiación: La Nueva Agencia Estatal de Investigación
El borrador de la futura Ley de Ciencia contempla la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Esta nueva entidad sería la encargada de gestionar los fondos estatales y ayudas en busca de una mayor eficacia para la asignación de dinero destinado a la investigación.
El pasado sábado los científicos se manifestaron reclamando al Gobierno mayores ayudas para la Ciencia en España.
“El borrador no detalla sus funciones, que deberán desarrollarse por reglamento“
La presidenta de la FJI, señala que "la falta de financiación es uno de los principales problemas, pero no el único: el sistema es demasiado rígido, hay demasiada burocracia, el reparto de recursos debe ser más eficiente y transparente".
Ese es el objetivo de la Agencia Estatal de Investigación, aunque el borrador no detalla cuáles serán sus funciones, que tendrán que establecerse a través de un reglamento a parte.
Tijeras a la Ciencia
El proyecto llega unos meses después de que la comunidad científica se levantara contra el recorte de la partida presupuestaria al I+D.
La ciencia, la tecnología y la investigación son campos que sufrirán consecuencias de la crisis en los presupuestos de 2010. La inversión en I+D se reduce en las nuevas partidas un 3,1% de media, pero los organismos públicos de investigación, entre los que se encuentra el CSIC, percibirán cerca de un 15% de ingresos menos el próximo año.
Garmendia, en declaraciones a RNE, se refería a este aspecto asegurando que su Ministerio "ha tenido un pequeño ajuste interno que no redunda en recortes en proyectos ya en marcha o nuevos proyectos".
A pesar de los cambios introducidos, la Ley no termina de contentar a la comunidad científica.
Un día antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que representa a más de 30.000 profesionales españoles y 67 sociedades científicas, Joan Guinovart, declaraba que "no aporta" la solución a los problemas que tiene la Ciencia.