En Holanda la prostitución no es delito y las trabajadoras del sexo tienen seguridad social y subsidio por desempleo. En Suecia el comercio sexual está prohibido por ley pero se persigue a los clientes y las prostitutas son consideradas víctimas de violencia machista. En Dinamarca, las meretrices están obligadas a pagar impuestos, pero no reciben prestaciones. En España, Italia o Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida y todos los agentes implicados en el negocio se benefician de una serie de lagunas legales.
La prostitución, en todos y cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, es un tema polémico y su regularización provoca debates recurrentes en la sociedad. Los 27 se preguntan cuál es la mejor forma para enfrentarse a este problema y a todos los que de él derivan (tráfico de personas, violencia machista, prostitución de menores, etc).
En toda la UE la legislación sobre este asunto suele ser ambigua y contradictoria, y no existe un acuerdo a nivel europeo a la hora afrontar el problema. Las posturas de los 27 van desde considerar la prostitución un trabajo cualquiera, con subsidio de desempleo incluido, como en Holanda, Alemania o Hungría; a perseguirla con multas y penas de cárcel, como ocurre en Suecia, Irlanda o Rumania.
En la postura intermedia se encuentran la mayoría de los países, que abogan por no prohibir expresamente la prostitución y tampoco regularla. En estos lugares, como en España, Italia, Polonia o Finlandia, los comportamientos relacionados con la prostitución se toleran, siempre y cuando no impliquen violencia, coacción, abuso de autoridad, etc. Un gran número de países pertenecientes a este grupo prohíbe, además, los burdeles.
En todos los estados miembros se distingue entre trabajo sexual voluntario y forzado y todos cuentan con leyes estrictas contra el tráfico de personas para la explotación y el trabajo sexual de menores.
Un intento de poner en común políticas de regulación muy dispares
El último estudio de la Unión Europea sobre legislación nacional de los estados miembros en materia de prostitución y tráfico de mujeres y niños, fue un informe del Parlamento publicado en 2005.
El análisis de las políticas de regulación en los 25 países miembros (en 2007 se incorporaron Bulgaria y Rumania), hizo posible determinar que, a pesar de sus diferencias, es posible agruparlas en cuatro modelos, dependiendo de la política que adopte cada estado al diferenciar entre prostitución en la calle o en lugares privados. Estos cuatro modelos de regulación son:
- Abolicionismo: La prostitución (tanto en la calle como en lugares cerrados) no está prohibida. El Estado decide tolerarla y no interviene en su regulación. La prostitución de personas adultas no está sujeta a castigo alguno, pero aprovecharse de la prostitución de alguien (proxenetismo) sí que constituye delito. España, Portugal o la República Checa pertenecen a este grupo.
- Nuevo abolicionismo: Se trata de una evolución del modelo abolicionista basado en no prohibir la prostitución pero sí la existencia de burdeles. Se trata del modelo más extendido en la UE y algunos de los Estados que enmarcan sus políticas en el nuevo abolicionismo son Italia, Bélgica o Dinamarca, país en el que este modelo se entremezcla con el reglamentarismo al obligar a las prostitutas a tributar impuestos.
- Prohibicionismo: Todo tipo de prostitución está prohibido. A todos los agentes envueltos en el negocio de la prostitución se les considera criminales. El único país que aplica este modelo de manera 'perfecta' es Irlanda, que castiga a todos y cada uno de los agentes que intervienen en el negocio del comercio sexual. En Suecia, sin embargo, las prostitutas son consideradas víctimas y el castigo cae sobre los clientes.
- Reglamentarismo: La prostitución está regulada por el Estado y no está prohibida, siempre y cuando se ejerza siguiendo las indicaciones estatales. En estos casos las prostitutas suelen estar registradas y en ocasiones están obligadas a pasar exámenes médicos. Holanda, donde la prostitución se ha convertido en un fenómeno completamente aceptado por la sociedad, encaja a la perfección en este modelo. Las prostitutas son trabajadoras corrientes y tienen la obligación de hacerse chequeos médicos regulares. El caso holandés no es el único dentro del reglamentarismo, de hecho, es el segundo modelo más utilizado en la Unión Europea. Austria, Alemania o Grecia, también regulan el negocio de la prostitución y la permiten, siempre y cuando se ajuste a las normas establecidas.
El modelo más común dentro de la UE es el nuevo abolicionismo (32% de los estados miembros), seguido por el reglamentarismo (28%), el abolicionismo (24%) y el prohibicionismo (16%).
En realidad, todos los estados miembros poseen componentes bastante integrados de los cuatro modelos. Resulta difícil encontrar un país que encaje de forma perfecta en uno de ellos. Es frecuente que la forma de enfrentarse a la prostitución en cada país esté atravesada por legislaciones sobre migraciones, violencia, discriminación, etc.
En todos los casos, la inclusión de un menor en el mundo de la prostitución o la utilización de sus servicios está penado con multas y prisión.
Para entender los matices que separan un modelo y otro y por qué el Parlamento Europeo habla de modelos 'imperfectos' que se entremezclan, habría que acercarse de manera breve a la regulación en materia de prostitución de todos los estados miembros: Abolicionismo, Nuevo abolicionismo, Prohibicionismo y Reglamentarismo.