El presidente de Estados Unidos ha improvisado una rueda de prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia California. Los periodistas le han preguntado si va a cesar al secretario del Tesoro, Tim Geithner, por el escándalo de las primas de AIG. Obama ha sido tajante: "Geithner y todo mi equipo económico gozan de mi plena confianza". Sin embargo, el Presidente ha eludido la pregunta de si conocía el problema desde el pasado jueves, "no voy a entrar en esos detalles".
La defensa de Geithner ha ido más allá. Obama ha señalado que ningún ministro de Economía ha tenido que lidiar hasta ahora con tantos problemas, que nadie de su administración redactó los contratos que estipulan las primas de los ejecutivos de AIG y que ni siquiera ellos empezaron los rescates financieros.
"Comprendo y comparto el enfado del pueblo americano pero creo que ahora es necesario canalizarlo constructivamente", ha añadido Obama. Insiste en que están estudiando todas las vías para que los ejecutivos devuelvan las primas y los contribuyentes recuperen el dinero.
Obama prefiere mirar al futuro. Y en ese futuro es clave estabilizar el sistema financiero para salir de la crisis. Por eso, el Presidente pide al poder legislativo que redacte las herramientas necesarias para que la administración no se vuelva a ver entre la espada y la pared. Para evitar que cuando salgamos de la crisis, Wall Street vuelva al mismo modelo de negocios. Para impedir que la caída de una entidad arrastre a todo el sistema. Para que entidades como AIG estén sometidas al mismo poder que los bancos.
El presidente de AIG en la picota del Congreso
Entretanto, prosigue la comparecencia del presidente de AIG, Edward Liddy, ante el Congreso. Y no está siendo precisamente un plato de gusto. Liddy ha asegurado que pidió a los ejecutivos que devolvieran al menos la mitad de las primas. "Comparto la rabia".
En AIG se han cometido "errores de una escala difícil de imaginar", ha reconocido Liddy, que preside la compañía desde el pasado mes de septiembre y cobra un dólar de sueldo. Con todo, cree que cuando uno debe algo a alguien, debe pagar el dinero, y por tanto, "el Estado, que posee el 80% de la compañía, debe cumplir los contratos que estipulan las primas".
La respuesta de ambos partidos en el Congreso ha sido incisiva. El presidente del comité de Servicios Financieros, Barney Frank, ha señalado que "es hora de ejercer nuestros derechos de propiedad sobre la empresas y exigir el nombre de los beneficiarios de las primas".