La polémica unidad de seguridad dependiente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, que supuestamente habría realizado seguimientos a políticos del Partido Popular, se creó a principios de 2008 para solucionar el déficit de seguridad de los miembros del Gobierno regional, según ha podido saber RNE.
Era un momento de alta conflictividad social con numerosas críticas sindicales por la privatización de servicios y de protestas contra alguno de los consejeros como Juan José Güemes, titular de Sanidad.
Esta unidad está integrada, en la actualidad, por 46 técnicos, como se les llama en la jerga de la Consejería, de la plena confianza del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Algunos son ex guardias civiles de Valdemoro (Madrid), donde Granados había sido alcalde.
Según asegura RNE, desde la Consejería reconocen que su labor, en un principio protección de edificios y labores de contravigilancia, roza la ilegalidad.
Esto es lo que lleva a la Comunidad de Madrid a negociar con el Ministerio del Interior para que este servicio de protección sea asumida por agentes de la Policía Nacional. Aguirre firma un convenio el pasado mes de noviembre en ese sentido pero el cambio todavía no se ha producido.
La intención del Gobierno regional es que los 46 técnicos de la unidad de seguridad se conviertan en asesores de las BESCAM, la policía local sufragada por la Comunidad de Madrid.