La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto destinado a apuntalar al mercado hipotecario agobiado por una de las peores crisis de los últimos 50 años.
La aprobación por 272 votos a favor y 152 en contra se ha concretado después que el presidente de EE.UU., George W. Bush, anunciara que había retirado su amenaza de veto.
Fuentes legislativas han dicho que el proyecto será aprobado por el Senado a fines de esta semana o comienzos de la próxima y será enviada de inmediato a la Casa Blanca para su promulgación.
"No creemos que tengamos tiempo para librar un conflicto prolongado por un veto", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca Dana Perino, tras hacer hincapié en la urgencia de resolver la crisis hipotecaria.
Poco antes, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, había afirmado que el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para aprobar el proyecto ayudará a que la economía del país "cambie de rumbo".
Mensaje para los inversores
Bush había objetado algunas estipulaciones del proyecto, que incluye un respaldo explícito del Gobierno a las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac que tienen en sus manos casi la mitad de la deuda hipotecaria del país de unos 12 billones de dólares.
La objeción se refería a una propuesta de los demócratas que asigna hasta 3.900 millones de dólares en ayuda del Gobierno federal para los propietarios que encaran la ejecución hipotecaria en los vecindarios más vapuleados por la crisis de la vivienda.
"Este es un mensaje muy firme que enviamos a los inversores en Estados Unidos y en todo el mundo, en el sentido de que comprendemos la importancia de estas empresas para nuestros mercados de capitales y de vivienda", ha dicho Paulson.
El funcionario ha explicado que la Reserva Federal mantendrá su "papel de consulta" junto con una nueva oficina de regulación que establecerá normas de capitales para Fannie Mae y Freddie Mac.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, una agencia no partidista que elabora análisis e informes para los legisladores, calculó que este socorro del Gobierno a las empresas hipotecarias tendrá un costo de por lo menos 25.000 millones de dólares.