Hace apenas una semana se suicidaba un hombre en Barcelona cuando iba a ser desahuciado, y tres días después sucedía lo mismo con otro hombre en Fuerteventura. Mientras tanto, en las noticias se habla del recurso de Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler (una regulación que funciona y que no se suspenderá), y de la futura Ley de Vivienda, que incluirá la congelación de los precios del alquiler en la zonas tensionadas. Además, siguen en vigor las medidas antidesahucio del Gobierno durante la crisis del covid que no parecen haber sido del todo efectivas, con decenas de casos de desahucios cada día. La vivienda no sólo es un asunto de actualidad sino que se ha convertido en una una batalla política clave, que se libra entre los bancos y fondos buitre, los Gobiernos y los movimientos sociales.
Arrastramos una crisis social que ha expandido de forma implacable la precariedad, que emerge en lo laboral pero afecta a todas las esferas de nuestras vidas, incluida la vivienda. Ésta es un eje fundamental para el desarrollo vital de los jóvenes, que es sobre quienes más incide la precariedad. El dato respecto a nuestros salarios y alquileres es demoledor: el precio de un alquiler supone, de media, el 94% del salario neto que percibimos. Y sólo si tienes la suerte de encontrar un empleo: el dato de paro juvenil, que es del 37.7% de parados en menores de 25 años, duplica la media de paro juvenil de la eurozona. Las generaciones más jóvenes quedan así excluidas de la posibilidad de emanciparse, lastradas por un sistema que no ofrece posibilidades ni futuro.
Una prioridad política
Desde la crisis del año 2008 se han llevado a cabo más de medio millón de desalojos. Una información que cuesta comprender si nos fijamos en el número de casas vacías existentes en España: 3.5 millones según el INE en el año 2011 (dato que el Instituto debería haber actualizado en 2021, si no hubieran ‘cambiado el criterio’); o en la subida constante del precio de los alquileres (supera el 40% desde 2013). Los constantes desalojos sin alternativa habitacional o la exponencial subida de los precios del alquiler son consecuencias directas de la especulación urbanística. El negocio de los fondos buitre se expande por los barrios, invirtiendo en viviendas de donde más tarde expulsa a los vecinos para enriquecerse con ellas, fundamentalmente en grandes ciudades y zonas gentrificadas. El turismo es un elemento muy importante en este sentido, ya que muchos de estos pisos adquiridos por los fondos buitre acaban siendo remodelados para ser convertidos en pisos turísticos. Casi ninguno de nuestros gobiernos está tratando de imponer límites claros ni regulaciones serias a estos fondos, sólo el movimiento por la vivienda, que trabaja cada día paralizando desalojos y recuperando pisos para las familias.
Mientras atravesábamos los meses más complicados de la crisis del coronavirus, los fondos buitre aprovecharon la situación del Estado de Alarma para emplear una estrategia encaminada a desahuciar a quienes aún habitaban las viviendas de su propiedad, devolviéndoles el dinero a los inquilinos para más tarde asegurar en los juzgados que no habían pagado el alquiler y solicitar el desalojo. Llevaron adelante esta estrategia, por ejemplo, en el caso de Torrejón de Ardoz, donde pretendían desalojar 50 viviendas que habían comprado allí sin permitirles a los vecinos el pago del alquiler ni ofrecerles alternativa habitacional. El de la pelea con los fondos buitre es, también, de los bloques 49 y 51 de la Calle Túria de València, que han sido comprados por un fondo francés para montar pisos turísticos en el barrio del Carmen. Los vecinos se niegan a marcharse y están luchando por renovar su contrato junto a los colectivos de vivienda de la ciudad, que ya están cerca de conseguir que la Generalitat adquiera las viviendas para evitar la expulsión de los vecinos del bloque. Casos como el de Torrejón o el del barrio del Carmen en València se multiplican alrededor de todo el país, generando situaciones de emergencia social que, parece claro, deberían ser tratadas como una prioridad política.
Autoorganización juvenil
A pesar de la atención y las horas que le dedican los programas de las mañanas en televisión a charlar sobre los okupas o a infundir miedo en los anuncios de empresas de seguridad y videovigilancia, las viviendas habituales ocupadas sólo representan un 0.02% de los casos en Madrid. Una información que confirman jueces como Joaquim Bosch: "En 16 años como juez instructor no he tenido una sola ocupación de 1ª vivienda. Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades". Una herramienta colectiva que algunos jóvenes han utilizado para emanciparse, sobre todo organizados políticamente o en colectivos juveniles, ya que la precariedad estructural y la crisis de vivienda agudizada entre los jóvenes no se lo permite. La autoorganización juvenil en los procesos de ocupación también genera lazos con los vecinos y enriquece la vida del barrio, reforzando a las estructuras populares y a los colectivos de vivienda.
Pudimos ver de forma muy clara la importancia de este tipo de lazos vecinales con el papel de las redes de apoyo mutuo (alimentación, cuidados, …) durante el confinamiento y los momentos más duros de la crisis de la Covid-19. Un buen ejemplo es el grupo de apoyo mutuo Somos Tribu Vallekas, que ha recibido el Premio Ciudadano Europeo 2020, concedido por la Eurocámara, por su labor para tejer redes solidarias en tiempos difíciles. Cuando alguien se acerca a una red de apoyo vecinal o a una asamblea de vivienda preocupado por un problema concreto, este problema pasa a adquirir una dimensión colectiva, y quienes acuden buscando soluciones individuales acaban integrándose en la vida de la comunidad. Una referencia en este sentido es el barrio del Raval en Barcelona, donde ha habido grandes demostraciones de fuerza vecinal como la campaña #RavalvsBlackstone. El Sindicat Habitatge Raval ganó el pulso de una fecha abierta al fondo buitre Blackstone, que quería desalojar un bloque de familias de la c/Hospital 99. El Sindicat sigue parando desahucios, recuperando pisos en el Raval o centros sociales como la Massana y organizándose en base al apoyo mutuo.
Crónicas - La tribu de Vallecas - Ver ahora
¿Son medidas insuficientes?
Actualmente, el movimiento por la vivienda está coordinado a nivel estatal en campañas como #PlanSareb, exigiendo que las viviendas del banco malo pasen a ser vivienda pública y que se paralicen sus desahucios, o #GuerraACerberus (‘un movimiento contra la bestia’), un fondo dedicado a la especulación. Estas campañas suponen una apuesta por pasar a la ofensiva, superando la lógica de la organización local y señalando directamente a los responsables. Además, el objetivo es lograr, a través de la presión, negociar cara a cara con las entidades e imponerles convenios que defiendan el derecho a tener casas dignas y cumplan puntos más ambiciosos que los planteados por los gobiernos progresistas o los contemplados en la legalidad vigente.
Hace escasos días se alcanzaba finalmente un acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición al respecto de los alquileres. Se decide imponer a los mercados una regulación de alquileres que es, en realidad, una congelación de precios. Funcionará en las zonas de mercado tensionado, deteniendo la subida de los precios. No obstante, Unidas Podemos ha advertido de que esta regulación que propone el departamento de Ábalos "no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo entre ambas formaciones" formalizado en octubre de 2020. El movimiento que más ha presionado por estas regulaciones de alquileres es el Sindicato de Inquilinos, organización impulsora de la regulación catalana y que han ejercido, también, de interlocutor con partidos y Gobierno en esta negociación de una regulación estatal. Desde el Sindicato de Inquilinos consideran la medida completamente insuficiente, y defienden el exitoso funcionamiento de la regulación de alquileres catalana: incluso el desplome de la oferta que pronosticaba la patronal inmobiliaria no ha sido tal, con un aumento de los nuevos contratos respecto a otros años. La pelea continúa día a día y el derecho a la vivienda necesita valentía y firmeza en las decisiones políticas, si se quiere que dejen de obedecer únicamente a los intereses económicos de los especuladores. Y precisamente porque quienes siempre presionan a los gobiernos son los poderes económicos es tan relevante y valioso que la gente normal se junte para defender sus familias y sus casas.
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David Ortiz (Valencia, 2001) es estudiante de Antropología en la UCM y miembro del espacio de comunicación política El Observatorio.