La Corte Suprema de EE.UU. ha rechazado este lunes una solicitud de la Administración del presidente Donald Trump para apartar 20.000 boletas electorales en California que, según alega, fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar por no ser ciudadanos estadounidenses.
A un día de las elecciones, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) había sometido una solicitud de emergencia al máximo tribunal para que se bloquearan las papeletas electorales. "Una vez que California mezcle las papeletas cuestionadas con las legítimas, no habrá forma de recuperar las primeras", señalaba la denuncia.
La denegación de la solicitud representa un nuevo revés para el Gobierno de Trump, puesto que la semana previa sufrió dos derrotas en su cruzada para apartar más de 20.000 votos y someterlos a un examen más exhaustivo.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha advertido que cualquier persona que interfiera en el proceso electoral del estado o manipule boletas será procesada por un delito grave estatal, por el que no podrá recibir un indulto del presidente Trump. Se trata del estado más poblado de Estados Unidos y cuenta con 52 escaños en la Cámara de Representantes, más que cualquier otro estado. Se trata de un bastión para los demócratas, que necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en la Cámara para obtener la mayoría en dicho órgano.
La justicia rechaza las peticiones de Trump
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al igual que un tribunal inferior, citó la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales, para denegar la solicitud del DOJ.
"Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", escribieron los jueces en su decisión el viernes pasado.
El Gobierno de Trump había acudido al Tribunal de Apelaciones con una petición de emergencia, después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, considerara que la solicitud del DOJ vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
En su resolución, advirtió de que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.
¿Qué denuncia la Administración Trump?
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que considera posibles votantes que no son ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno solicitó que las autoridades electorales separaran las papeletas presuntamente irregulares del resto y que no las contabilizaran hasta que se determinara si dichos votantes son, efectivamente, ciudadanos estadounidenses, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.
Las autoridades californianas advirtieron de que separar las papeletas identificadas sería difícil, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.
"Esta última maniobra destila desesperación y constituye un intento más de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho", ha afirmado en un comunicado el fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, tras la presentación realizada por la Administración este mismo día, prometiendo "defender el derecho fundamental al voto y hacer frente a esta ilegalidad".
La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones y el gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de "proteger cada voto", en respuesta a la directriz del Gobierno de situar agentes federales en los centros de votación.
La respuesta demócrata en California
"Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia", ha advertido Newsom en un video en sus redes sociales.
El demócrata ha hecho hincapié en que recientemente promulgó una serie de leyes que otorgaban a los fiscales estatales nuevas herramientas para garantizar que se puedan acusar a las personas que interfieran con las elecciones, así estén trabajando en nombre del gobierno federal.
"No importa quién haya dado la orden: si intentan interferir en las elecciones de California, California irá tras ustedes", ha señalado el gobernador.
"Su pretexto es una mentira: afirma que existe un fraude electoral generalizado en California. Lleva meses preparando el terreno para poder calificar las elecciones de mañana como 'robadas' si no obtiene el resultado que desea", ha acusado Newsom contra Trump.
La Constitución de Estados Unidos asigna a los estados la responsabilidad de administrar las elecciones, si bien el gobierno federal conserva ciertas facultades de supervisión. La demanda representa una inusual intervención federal en el proceso electoral y pone de manifiesto la disposición de la administración a impugnar los resultados electorales ante los tribunales.