Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se ha producido el accidente que ha dejado al menos 68 muertos tras el impacto de dos trenes a la altura Urda (Toledo).
Es el inicio de la investigación que la CIAF debe llevar a cabo para esclarecer las causas de lo ocurrido. Es un procedimiento habitual hacer los interrogatorio en las primeras horas tras un accidente de esta magnitud. Se recoge el testimonio de todas las personas que intervinieron en la gestión del tráfico, mientras los recuerdos están frescos.
Según ha confirmado RTVE, los agentes del instituto armado han actuado como apoyo de los investigadores de la CIAF. Este organismo tiene el objetivo de averiguar qué falló y proponer medidas para evitar que se repita. Si hubiera responsabilidades, sería la vía judicial la encargada de dirimirlas.
La investigación judicial corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, en funciones de guardia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya ha comunicado el apoyo a la jueza de guardia "en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias".
La fiscal de guardia de Orgaz ya ha solicitado varias diligencias y tanto la jueza, como el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, han visitado el lugar del accidente con la comisión judicial que coordina las actuaciones.
Hasta el momento, el tribunal ha acordado prohibir el acceso a terceras personas al lugar del accidente. La zona restringida se extiende en un radio de dos kilómetros desde la vía. Solo estarán autorizados para permanecer en el terreno las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanidad y el personal judicial.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, adonde se ha trasladado a primera hora para hacer seguimiento de lo ocurrido y recabar la información necesaria sobre el accidente.
Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.
Vox presenta una querella contra Adif
El partido político Vox ha presentado una querella contra los responsables de Adif por homicidio imprudente y delitos imprudentes, señalando en particular al operador del puesto de mando y a "sus superiores" por autorizar la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB.
Además, la formación de Santiago Abascal ha pedido que se tomen medidas de "conservación de las fuentes de prueba", para impedir su "desaparición, deterioro o sustitución y garantizar su identificación.
Denuncia de Manos Limpias
La organización Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Orgaz, en Toledo, contra el Administrador de infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y las compañías Iryo y Renfe, "así como contra aquellas personas físicas directivas o encargadas de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante e infraestructura cuya identidad resulte acreditada en el curso de las investigaciones".
Por si los hechos ocurridos "pudieran ser constitutivos de delitos contra la seguridad colectiva", pero también por posibles delitos de "imprudencia grave con resultado de lesiones y/o homicidio y la eventual responsabilidad penal ante lo sucedido.
Solicita, entre otras cuestiones, que la CIAF remita al juzgado una copia íntegra del informe preliminar o definitivo tramitado sobre las causas del siniestro. También un requerimiento documental a las empresas gestoras y operadoras para que aporten el libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos cinco años.
Y también pide que la Policía Judicial y la Policía Científica tomen declaración en calidad de perito/testigo al ingeniero industrial Juan Franco para que "ratifique y elucide" sus manifestaciones sobre los fallos detectados en el sistema de mantenimiento. Y designar un perito pericial técnico independiente por parte del juzgado para el análisis del material rodante y las infraestructuras siniestradas.