El estallido social tras el desahucio de Maricarmen ha impulsado la aprobación del nuevo decreto de vivienda que el Gobierno pretende llevar este martes al Consejo de Ministros. Lo hace tras meses de negociaciones, que se han acelerado en los últimos días. Ya se intentó aprobar en julio, pero la falta de consenso llevó a retrasarlo hasta después del verano y el momento ha llegado. Ahora, el Ejecutivo ofrece un decreto que incluye la protección antidesahucios, medidas contra la especulación y un IVA a los pisos turísticos, además de mayores controles al alquiler temporal, entre otros.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció en una entrevista en TVE el jueves: "planteamos un cambio estructural". Explicó que el decreto- ley irá más allá de soluciones a los desahucios y puso de ejemplo el problema que la vivienda supone para las generaciones más jóvenes. Las últimas horas se negocia contrareloj para contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu, Podemos y también ahora a sus socios de Gobierno, Sumar, confiando en que la urgencia social del problema facilite un acuerdo. Necesita garantizarse el apoyo de estos grupos parlamentarios porque el Congreso debe convalidar o anular la norma en un plazo máximo de 30 días una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.
Principales puntos de fricción entre partidos
Las expropiaciones, que defienden los partidos más a la izquierda, las subidas de IVA que piden algunos o los beneficios fiscales para propietarios son los grandes puntos de fricción entre las diferentes formaciones políticas. Los límites a los fondos buitres o las condiciones para prorrogar los alquileres son también objeto de enfrentamientos. Analizamos las propuestas que han hecho públicas hasta el momento.
Las medidas que el Gobierno ofrece en este nuevo decreto
El borrador al que ha tenido acceso RTVE es fruto de las negociaciones en las horas previas al Consejo de Ministros e incluye:
Prohíbe los desahucios a personas vulnerables hasta fin de 2028:
Se trata de reforzar el escudo social para frenar el desalojo de personas en situación de riesgo, para que "no haya una sola Maricarmen más". En este momento está vigente la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque ha dejado de ser automática. Cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, será la Administración quien asuma los gastos de compensación de todo el proceso, incluyendo impagos de anteriores, suministros y otros daños ocasionados. La suspensión judicial de los procesos se revisará cada doce meses y tendrá una duración máxima de hasta tres años.
Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre:
El Ejecutivo pretende vetar la adquisición masiva de inmuebles residenciales que tengan como único fin la especulación. Bajo el lema "las viviendas son para vivir" quiere evitar un encarecimiento artificial y la expulsión de los vecinos de toda la vida de barrios enteros.
Estabilización de los contratos de alquiler:
No se habla de contratos "indefinidos", como exige el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que inició las protestas a raíz del desahucio de Maricarmen. La medida se encamina a proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas de las rentas y dotar de seguridad al conjunto de la población ante las renovaciones de contrato al alza.
Nueva regulación del alquiler de temporada:
El fin es acabar con el "fraude en los contratos de corta duración" que muchos han usado para saltarse los límites de precio del alquiler fijo y así poder subir la mensualidad. Se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para obligar al casero a justificar una causa "real y acreditable" para ese contrato y, si no la hubiere, se convertirá en un alquiler de vivienda habitual. Se pone un tope mínimo de 31 días y un máximo de 12 meses para el alquiler temporal.
IVA a los pisos turísticos:
El Gobierno quiere que "tributen como lo que son, un negocio". Espera que con ello se pueda "frenar su proliferación". Hasta ahora, el alquiler de un piso turístico sin servicios propios de la industria hotelera (es decir, limitado a la entrega de llaves y limpieza a la entrada y salida) está exento de IVA y tributa por IRPF. Solo aquellos que prestan servicios hoteleros complementarios (como limpieza periódica durante la estancia o cambio frecuente de ropa de cama) pagan un tipo reducido del 10%. A su vez, la reforma redefine la cesión turística como la cesión amueblada y promocionada en canales turísticos con una duración máxima que no podrá superar en ningún caso los 31 días.
Establece un régimen sancionador para las plataformas turísticas:
Que van desde 100.000 euros hasta un millón si incumplen con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
Bonificaciones fiscales para los inquilinos:
Para rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata introduce una deducción del 10% para los inquilinos jóvenes por alquiler de vivienda habitual en zonas tensionadas, para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros y con un tope de deducción de 11.630 euros, así como límites progresivos para rentas superiores a 23.007,20 euros.
Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler:
Para incentivar que bajen los alquileres se modifica el IRPF y fija reducciones para el casero del 100%, 95%, 90%, 85% y 70%, según las condiciones del contrato, la ubicación y la edad del inquilino. También establece una reducción del 60% para viviendas rehabilitadas y del 80% durante determinadas prórrogas tácitas.
Penalizaciones en el IBI para viviendas desocupadas y turísticas:
Se permiten recargos en el IBI de hasta el 50% para viviendas vacías de titulares de cuatro o más inmuebles residenciales, de hasta el 100% cuando lleven más de tres años vacías y de hasta el 50% para viviendas turísticas en zonas tensionadas, ampliable al 100% para titulares de cuatro o más.
Ayudas a la compra de la primera vivienda:
Esta medida busca ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda, pero no tienen ahorros. El decreto crea la línea TU CASA, un mecanismo de préstamos a tipo de interés cero y sin comisiones de entre el 20% del valor del inmueble con un tope hasta 50.000 euros y con una duración de diez años. El periodo de carencia será igual al plazo de la hipoteca, con un máximo de 30 años, y la línea será gestionada por el ICO.
Blindaje del parque estatal de vivienda:
Se trata de que "nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores".
Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente:
"Porque la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible", concluye el Ejecutivo.
El Ejecutivo subraya que la concreción de estos puntos sigue en negociación. "El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía", subrayan.
El decreto del pasado mes de julio ya incluía algunas de estas medidas, como medidas antidesahucios o la prórroga forzosa o automática de los alquileres que finalicen antes de mediados de 2028 con las mismas condiciones. También incluía la regulación de alquileres temporales y por habitaciones - este lo pide Sumar, pero de momento no está-.
Sumar: "A esta hora estamos lejos de un acuerdo"
Sumar, el socio minoritario de la coalición, desconfía de las medidas propuestas por la parte socialista del Ejecutivo y habla este lunes de cuatro puntos "clave" que deben aparecer en el decreto: una "protección completa" frente a los desahucios, regular el alquiler por temporada y habitaciones, actuar contra el "fraude" de los pisos turísticos y reforzar la prórroga y la renovación de los contratos.
"Que se incluya una medida sobre alguno de esos puntos no significa que demos por satisfecho o resuelto el problema", añaden, y avisan de que no van a "permitir" que se "diluyan" elementos centrales para atajar la crisis. "A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy. No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", concluyen.
En los últimos días, desde Sumar habían instado al PSOE para que el Gobierno apruebe la expropiación de la vivienda donde residía Maricarmen. Algo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya rechazó con el argumento de que este tipo de medidas "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución".
La formación también ha sido muy incisiva en los últimos días con la protección frente a los fondos buitre, y aboga por que se les prohíba comprar vivienda.
Junts y su defensa de incentivos fiscales para propietarios e inquilinos
Las líneas rojas para Junts hasta ahora tenían que ver con facilitar medidas e incentivos fiscales para favorecer que los propietarios saquen viviendas al mercado y también para los inquilinos. Ha propuesto la desgravación de alquileres e hipotecas, la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda, la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. También hay otras medidas como que las personas mayores de 65 años que viven en una residencia puedan vender su antigua vivienda habitual sin pagar IRPF por la ganancia obtenida o que una familia pueda cancelar la hipoteca de su vivienda si el banco la vende a otro banco por un importe inferior al que queda pendiente de liquidar. Se posiciona a favor de medidas contra la ocupación, pero que no supongan más costes para los dueños de los pisos y que no se mermen las competencias de la Generalitat de Cataluña. Advierte, además, contra los decretos ómnibus en los que se mezclen temas como la vivienda o los desahucios con otras cuestiones, como ya ha pasado en otras ocasiones.
Podemos exige expropiaciones y bajar los precios por ley
Podemos ha hecho públicas sus condiciones este domingo: La expropiación de 650.000 viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas a alquiler social y la bajada de los precios del arrendamiento por ley. Son dos medidas que van más allá de los que se negociaba hasta el momento.
La formación morada exigió en julio que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del suelo como condición para sentarse a negociar, lo que entra en conflicto con Junts y el PNV.
PNV defiende subir impuestos al alquiler turístico
El PNV sí pide que se reforme la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda nueva, así como medidas para regular el alquiler de temporada, de forma que se pueda limitar el fraude respecto a este tipo de contratos.
Sus propuestas pasan por acotar la paralización de los desahucios y proteger al pequeño propietario. Quieren que se pongan límites temporales a los lanzamientos y que los inquilinos estén a corriente de pago en los últimos 12 meses. Además, defiende gravar el alquiler turístico con una subida del IVA del 10% al 21%
ERC pide límites a alquileres de temporada y a sociedades de inversión
ERC aboga por que el decreto debe contemplar un límite específico para el alquiler de temporada y de habitaciones, así como la paralización de los desahucios de personas vulnerables. Añade el reclamo de más margen de decisión para los ayuntamientos a la hora de incrementar el IBI a grandes tenedores y a viviendas de uso turístico, y la eliminación de los privilegios de las sociedades de inversión.
Bildu pide una protección permanente frente a los desahucios
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha urgido al Gobierno a través de redes sociales a que recoja "las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo", entre las que se encuentran "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos".
El PP critica el decreto y considera que llega tarde
El PP a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cargado contra el decreto que negocia el Gobierno y considera que llega tarde. Califica de "intervencionista" la política del Ejecutivo en Vivienda.
Ha recordado el compromiso de su partido de "promover la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura", agilizar los procedimientos y la disponibilidad de suelo y reducir impuestos para favorecer el acceso de los jóvenes.